Ahora Vanoli descarta que se aplique la Ley Antiterrorista en la quiebra de Donnelley

El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, negó hoy que el Gobierno vaya a aplicar la Ley Antiterrorista contra la empresa Donnelley, que la semana pasada presentó imprevistamente la quiebra y dejó en la calle a unos 400 operarios.

Según Vanoli, el caso Donnelley tiene que ver "potencialmente con una posible incursión a la Ley de Delito Económico 26.733, conexa con una quiebra fraudulenta, pero no tiene nada que ver con la ley de Financiamiento al Terrorismo (o Ley Antiterrorista)".

El funcionario consideró que en el transcurso de la semana la Comisión que preside hará la presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, por el supuesto accionar fraudulento de la imprenta. Vanoli dijo que la CNV está "aguardando la información disponible de la AFIP para hacer la presentación completa ante el órgano contralor bursátil estadounidense y poder difundir en todos los mercados globales la actitud de una empresa sospechada de un pedido de quiebra de carácter fraudulento".

Había sido la propia presidenta Cristina Kirchner quien el 14 de este mes anunció que su administración promovió la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la empresa gráfica de origen estadounidense que el lunes previo, sorpresivamente, se declaró en quiebra y cerró las puertas de su planta en Garín.

"Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero", sostuvo la Presidenta con los lentes puestos para leer el artículo invocado de la llamada Ley Antiterrorista, sancionada en diciembre de 2011 en medio de fuertes polémicas por su supuesta utilización en conflictos sociales.

Ahora, en declaraciones a Radio Del Plata, Vanoli dijo que se derivó en "una confusión a partir del uso del termino de antiterrorista " y aclaró que la denuncia que presentará la AFIP tiene que ver con un caso de "quiebra fraudulenta", lo que se está investigando en el juzgado del juez Daniel Rafecas.

Y en ese sentido explicó que "como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse el artículo 309 del Código Penal, que contempla la ley 26.733 de Delitos Económicos, que penaliza una serie de prácticas fraudulentas en la actividad económica y financiera".

Esa normativa, añadió el jefe de la CNV, fue aprobada en conjunto con la ley de Financiamiento del Terrorismo, que es la posterior 26.734 "De ahí yo creo que deriva la confusión. Pero lo cierto es que esto tiene que ver potencialmente con una posible incursión en una ley de delito económico conexa con una quiebra fraudulenta, pero no tiene nada que ver con la ley de Financiamiento al Terrorismo", afirmó.

Fuente: NA