El Gobierno privilegiará la función de los productores para la venta de seguros

Los productores de seguros más chicos tendrán más beneficios por la decisión del Gobierno de limitar las facultades para brindar coberturas de riesgo a las instituciones financieras, los hipermercados, las cadenas de retail y las concesionarias. Como parte de la reforma del sector, se estudia modificar la figura del “agente institorio”, por la cual estos establecimientos pueden operar con más ventajas. Las asociaciones de consumidores defienden la iniciativa.

El 17 de octubre se cumplirá un año del lanzamiento del Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNeS) 2012–2020, para lo cual se presentarán avances de la reforma integral en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA frente a todos los representantes de la actividad. Una de las modificaciones más esperadas por las aseguradoras es la alteración que tendrá la figura del “agente institorio”, que se creó en los noventa y a través de la cual ejecutivos de los bancos, hipermercados, las concesionarias de autos y las casas de retail, entre otros, están habilitados para brindar coberturas de los bienes o servicios que venden sin capacitación previa.

En la práctica, esto quiere decir que cuando un cliente compra un auto, o un televisor, o pide un préstamo, la institución en la que lo adquiere puede asignar un seguro a ese activo sin ningún tipo de asesoramiento. Por el contrario, el reclamo de los productores es que a ellos sí se les exige que estén matriculados, que tengan capacitación permanente y que rindan exámenes. Además, argumentan que es una “competencia desleal”, porque el resto de las entidades “impone” el seguro a la hora de vender un bien o dar un crédito. “Hay un conflicto de legislaciones”, dijo a este medio el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Seguros, Manuel Lamas, que sugirió que para que sea más equitativo, los agentes institorios podrían brindar el servicio a través de una sociedad de productores que cumpla con los requisitos que tienen los aseguradores.

Si bien los productores piden derogar la figura de agente institorio, desde el Ejecutivo solo pretenden limitarla y darles las mismas facultades. Desde la Superintendencia de Seguros admitieron a BAE Negocios que, si bien aún no hay una resolución tomada, “son cuestiones que se están evaluando”.

“Muchos de los conflictos provienen de los contratos a través de los agentes institorios porque carecen del debido asesoramiento en cuanto al alcance de las coberturas”, consignó el abogado especialista en seguros y miembro del Centro Estratégico para el Crecimiento y el Desarrollo (Cecreda), Rodrigo Puértolas. Agregó que “bancos y cadenas se desentienden del seguimiento del contrato no ocupándose de la postventa ni en el momento del siniestro”.

Según advierten los representantes de los usuarios, la estrategia de las financieras, casas de electrodomésticos o concesionarias de autos es utilizar el seguro obligando al tomador y “luego cobrando lo que decían que era tasa cero”.

Por eso, las asociaciones de consumidores, que también se sientan periódicamente a la mesa de conversaciones que convoca la Superintendencia, también celebran la medida.

La iniciativa se suma a otros pedidos de los usuarios que fue tomado por los funcionarios del Ejecutivo, como el de más claridad en los contratos (menos “letra chica”) o que ante una demora en el pago del seguro la cobertura no se suspenda inmediatamente.

El Gobierno pretende hacer “más amigable” la actividad, y brindar más tipos de coberturas a los ciudadanos.

Como contrapartida, el nuevo programa del sector también incluye nuevas obligaciones para las aseguradoras, que completan un sector con más de 150 firmas que llegó a mover casi $60.000 millones el año pasado (un 3% del PBI). Entre los deberes que se incluirán, se encuentra el aumento del capital mínimo (patrimonio neto), que tendrá que fijarse en base a los porcentajes más altos de las primas, y más pedidos para aportar a la “economía real”, que tuvo una buena performance el último año a través del inciso “k”.

Las aseguradoras superaron el piso mínimo para invertir en la economía real El Gobierno anunció esta semana que las inversiones de las aseguradoras a la economía real rozaron los $9.000 millones de pesos en el primer semestre, a poco de cumplirse un año del lanzamiento del famoso “inciso k”, a través del cual estas instituciones deben financiar proyectos productivos.

En concreto, fueron unos $8.888 millones aportados por las aseguradoras de riesgo hasta el 30 de junio, a través de 63 instrumentos de inversión. Si bien el objetivo para marzo de este año era llegar al 5% del patrimonio de estas instituciones, se pudo superar ese porcentaje y alcanzar el 6 por ciento. También se llegó al límite que se les había impuesto a las ramas de seguros generales (que tenían un tope del 20%) y de Vida y Retiro (que era del 30 por ciento).

En esta nueva edición de los proyectos financiados por las aseguradoras, ganaron más lugar las pymes, que se llevaron un 52% de los fondos comunes de inversión (unos 1.296 millones de pesos).

El inciso “k” fue anunciado en noviembre del año pasado por la presidenta, Cristina Fernández. Se trata de un menú de opciones que se les brinda a las instituciones gestoras de seguros para que elijan instrumentos para invertir parte de los fondos que recaudan para el desarrollo de la economía real.

La alternativa “vedette” continúa siendo la obligación negociable de la petrolera YPF. En la primera parte del programa, las entidades aportaron casi $5.000 millones, de un total de $15.000 millones que lleva colocados el bono de la firma estatal.

La tasa a la que pueden acceder estas entidades es menor que la del 19% ofrecida a los minoristas y con plazos mucho más largos (llegan a ser de hasta 84 meses).

Fuente: Diario BAE