Gas: propondrán pago en cuotas o tarifa plana en todo el año
Con costo fiscal cero, como anticipó ayer Marcos Peña, el Gobierno solo puede ofrecer hoy a sus aliados de Cambiemos el pago en cuotas de las facturas de gas de invierno o la llamada tarifa plana. En ambos casos hay un costo financiero que todavía no está claro por quién será asumido.
Esta propuesta tiene la limitación de que no incluye a las pyme y a las cooperativas que tienen dificultades para pagar los servicios, además de que no responde al descontento por las últimas facturas de electricidad que tienen los aumentos acumulados de diciembre y febrero.
El pago en cuotas repetiría la experiencia de 2017, cuando el Ministerio de Energía ordenó a las distribuidoras repartir en cuatro cuotas mensuales la factura más alta del invierno, lo que ahora podría extenderse a dos o tres boletas.
La tarifa plana, a la que adhieren representantes de la UCR, repartiría en el curso de todo el año el consumo de gas de invierno. En audiencia pública, algunas empresas propusieron una modalidad de tarifa plana considerando dos períodos: de abril a setiembre y de octubre a marzo.
En cada lapso se cobraría por mes el consumo histórico promedio del usuario para el semestre, lo que aliviaría la boleta más alta del invierno al incluir meses de menor consumo como abril y setiembre. Pero la diferencia entre lo cobrado y lo efectivamente consumido, se añadiría en la primera boleta de primavera-verano.
La tarifa plana anual, en cambio, partiría de considerar el consumo mensual promedio de todo el año lo que reduciría aun más el impacto de las facturas de invierno. Pero al cabo del año, también se debe corregir la diferencia entre lo cobrado y lo consumido. .
En todos los casos, pago en cuotas y tarifa plana por temporada o por año, hay un costo financiero por el diferimiento. Algunas distribuidoras propusieron repartirlo entre todos: petroleras, transportistas, distribuidoras, Estado nacional y usuarios residenciales, pero no hubo acuerdo en la fórmula para hacer el reparto.
Pero, dado que el Gobierno retomó la ley de marco regulatorio del gas en los términos en que fue redactada al momento de las privatizaciones, las transportistas y distribuidoras tienen asegurado el nivel de ingresos hasta 2021 y por eso en cada semestre los mismos se actualizan según el índice de precios mayoristas (IPIM).
Todo costo extra debe ser compensado con fondos del Estado o trasladando el impacto a los futuros cuadros tarifarios. Lo mismo ocurriría si el Gobierno acepta la propuesta de la UCR para posponer un 50% del aumento que ya rige para transportistas y distribuidoras desde este mes.
Esto ya sucedió con las compensaciones autorizadas por haber fraccionado en tres semestres los aumentos para llegar al nivel de ingresos pautado en la revisión tarifaria integral.
En tanto, la opción de retrasar el escalonamiento en el precio del gas que perciben las petroleras y que fue dispuesto por el Ministerio de Energía hasta octubre de 2019, tiene el resultado de generar gasto para el Estado, por lo menos según el Gobierno, porque teóricamente los subsidios cubren la brecha entre el valor del producto y el que se incluye en tarifas.
Este criterio fue puesto en duda por el radical Jorge Lapeña esta semana, al considerar resultado de la presión de las corporaciones que el Gobierno calcule el precio del gas local a partir del valor más alto de importación, y no de los costos reales. Por último, cualquier cambio en la tarifa social que impulsaría también la UCR por los severos recortes que tiene desde diciembre, tendría costo fiscal ya que es el Estado el que se hace cargo de ese beneficio.
Fuente: Ámbito