La Tarjeta Sube quedó bajo control de la UBA

Luego del millonario escándalo sobre la supervisión de la SUBE liderada por el inglés Stephen Chandler, el Ministerio del Interior firmó una nueva auditoría para controlar el funcionamiento del boleto electrónico. Florencio Randazzo contrató a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por casi $ 14 millones para llevar las cuentas de la tarjeta, cinco veces más barato que el contrato cancelado por irregularidades.

En el convenio, suscrito el 26 de diciembre de 2012, la Facultad de Ciencias Económicas se comprometió a “asistir técnicamente en la supervisión de la implementación y funcionamiento de la SUBE”, de acuerdo al documento que obtuvo La Nación mediante un pedido de acceso a la información pública.

La casa de estudios recibirá 36 pagos mensuales de $ 387.200 por la consultoría, casi cinco veces menos que la auditoría de la SUBE firmada por el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi , que cotizó $65 millones. Ahora la Justicia investiga al ex funcionario por diversas irregularidades en aquel contrato.

La operación más importante que realizan los técnicos de Económicas es revisar el sistema que permite la circulación del dinero de la SUBE , una tarea que ejecuta Nación Servicios SA (NSSA), un organismo dependiente del Banco Nación. El flujo cash que mueve la tarjeta representa al menos $ 45 millones diarios en concepto de viajes que se cobran por adelantado.

El contrato, que está vigente hasta fines de 2015, fue firmado por el entonces decano de Económicas, Alberto Barbieri, ahora rector de la UBA. El académico es un hombre con llegada en el kirchnerismo. Su vínculo más fuerte lo estrechó con el ministro de Planificación, Julio de Vido , más específicamente con su mujer Alessandra Minnicelli, ex secretaria adjunta de la Sindicatura General de la Nación.

Cabe recordar que el primer contacto de Randazzo con la supervisión de la SUBE sucedió en pleno escándalo mediático. El contrato firmado en 2010 por Schiavi con el aval del Banco Mundial por $ 65 millones está bajo la lupa de la Justicia, que investiga la responsabilidad de los funcionarios de la Secretaría de Transporte y del asesor inglés Chandler.

El contrato fue suspendido por el Gobierno cuando se reveló la existencia de empleados fantasmas que cobraban sueldos en dólares. “Me parece un poco caro. Nos llamó la atención el monto de la contratación”, reconoció Randazzo antes de revocarlo.

Fuente:elcronista.com