INMUEBLE | ACUERDO

Levantaron el paro que frenaba las escrituras

La firma de un acta en el Ministerio de Trabajo bonaerense que incluye los reclamos de los empleados del Registro de la Propiedad destrabó el conflicto que paralizaba las operaciones inmobiliarias en toda la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la atención al público en el edificio de 44 entre 4 y 5 de La Plata no quedaría habilitada de inmediato. "Primero, necesitamos resolver los trámites pendientes que se acumularon en estos días de protesta", explicó a Clarín, Julio Ortellado, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los representantes de ese gremio y del Ministerio de Economía firmaron anoche un acuerdo para modificar —a través de un decreto reglamentario— la reciente ley de creación de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, que era la raíz del conflicto que derivó en un paro total en el organismo encargado de registrar los títulos de inmuebles, los embargos y las cédulas de inhibición, todos requisitos indispensables para comprar y vender casas, campos o terrenos.

Los trabajadores lograron eliminar parte de los artículos 2 y 24 de la ley impulsada por Daniel Scioli y aprobada por el parlamento a principios de mes. Consideraban que esa norma "recorta las atribuciones del Registro y habilitaba al director del ARBA a disponer del personal".

El gobernador designó en ese puesto a Santiago Montoya, ex subsecretario de Ingresos Públicos y reconocido por sus acciones heterodoxas para mejorar la recaudación. El acuerdo se alcanzó después que desde el ministerio aseguraron que Scioli modificará los artículos cuestionados.

La confrontación incluye otros reclamos laborales. El gremio pide el reconocimiento de la antigüedad de los contratados. "Algunos tienen más de 10 años", explicaron en ATE. Esos temas serán debatidos en paritarias.

La crisis en el Registro provocó la acumulación de más de 45 mil expedientes. Desde el primer día de diciembre, no ingresa ni se despacha ningún trámite. Esto complica la actividad de martilleros, gestores y abogados.

Los empleados exigen la "plena vigencia" de una ley-convenio entre el ente y el Colegio de Escribanos que concede al Registro la facultad para disponer de un porcentaje de la recaudación por los trámites. Por esa norma, se administran $ 100 millones anuales que solventan los sueldos de 1.056 contratados de Economía. (CLARIN)