Temer apura la reforma constitucional para imponer un ajuste de 20 años
El gobierno de Michel Temer aceleró los tiempos y buscará votar el martes en la Cámara de Diputados la segunda parte de la enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años, una medida que provocó protestas en todo el país, con la ocupación de escuelas y universidades y el bloqueo de avenidas en 11 estados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció este lunes que el martes "se cerrará el primer ciclo de reformas" y se mostrará a los inversores que Brasil está en "el rumbo correcto", al referirse a la Propuesta de Enmienda Constitucional 241.
El martes comenzará la sesión para aprobar el segundo turno para una reforma constitucional que frene el gasto público por 20 años. El jefe del Estado tendrá poderes para cambiarlos recién dentro de una década, en la propuesta más arriesgada de Temer y su ministro de Economía, Henrique Meirelles.
Según el cronograma, una vez aprobadas en dos vueltas por Diputados, el 13 o 14 de diciembre podrá ser votada por el Senado. Temer invitó a una cena a los miembros de la cámara lata con el objetivo de buscar compromisos frente la reforma.
El proyecto, que es rechazado por sindicatos, movimientos sociales y la oposición, ahora minoritaria en el Congreso, es la piedra angular del ajuste fiscal ideado para salir de la recesión y atraer inversiones.
En esa línea, Temer defendió el ajuste y el cambio en la Constitución de 1988 durante su presentación en la conferencia bianual Rio Oil & Gas que se desarrolla en Rìo de Janeiro.
"Estamos tomando algunas medidas de austeridad administrativa, endurecimiento administrativo, basta verificar la cuestión del techo del gasto público, una medida fiscal", dijo Temer, quien convocó al sector privado petrolero a "generar una mayor expectativa de optimismo en el país".
Temer también defendió la nueva ley petrolera impulsada por el canciller Serra y a la que le falta la media sanción del Senado, que podría tratarla en las próximas horas, que le retira la exclusividad a Petrobras de los megayacimientos submarinos que le habían adjudicado los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
En ese sentido, destacó el perfil del nuevo presidente de Petrobras, Pedro Parente, ex jefe de gabinete de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y ex titular de la multinacional agrícola Bunge, como parte del plan de desinversión de Petrobras hasta 2020.
La enmienda constitucional cana dada vez más rechazo en las calles: en Recife, sindicatos cortaron la principal carretera del estado de Pernambuco.
Las protestas se centraron en las universidades federales de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Brasilia, Amazonas, Paraná, Río de Janerio, Alagoas, Ceará, Roraima y Minas Gerais.
En Paraná, el movimiento es el más grande, con 800 escuelas ocupadas y ocho universidades, ya que se reclama el cese de la reforma en la educación media -con el fin de la obligatoriedad de sociología, filosofía, artes y educación física-.
La situación política en el país tuvo también sus impactos vinculados a la Operación Lava Jato y sus afluentes: el presidente del Senado, Renán Calheiros, llamó "juececito de primera instancia" al magistrado que allanó el viernes la cámara alta y detuvo a cuatro policías que investigaban escuchas telefónicas contra parlamentario ordenadas por la justicia.
Uno de los policías legislativos detenidos por la Policía Federal dijo que el ex presidente José Sarney tuvo su vivienda ’limpia’ por los agentes del Senado ante posibles escuchas telefónicas ordenadas por la justicia que abrió investigaciones por corrupción.
En ese marco, también fue beneficiado por la policía legislativa el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien pidió un habeas corpus para ser liberado luego de haber sido detenido por orden del juez Sergio Moro, del escándalo de Petrobras, por recibir sobornos tras mediar contratos en Petrobras.
Cunha recusó a Moro, quien defendió durante una visita a la Asamblea Legislativa del estado de Paraná la propuesta que el equipo de la Operación Lava Jato envió al Congreos para endurecer las penas por delitos de corrupción.
Fuente: Télam