Idesa cuestiona la distribución de los fondos cooparticipables
El Instituto Nacional de Desarrollo Social Argentino (IDESA) realizó un informe donde afirma que solamente el 13% del total de la recaudación a nivel nacional se destina a las provincia más pobres.
IDESA además informó que la mayor parte de la recaudación que se coparticipa está destinada a provincias que tienen capacidad de generar esos recursos dinerarios en forma autónoma.
Reproducimos a continuación el informe completo elaborado por el Instituto:
Apenas $1 de cada $3 que recauda la Nación es transferido a las provincias. La mayor parte de estas magras transferencias nacionales van hacia las provincias del centro y sur, es decir, las regiones que tienen mayores potencialidades para financiarse con recaudación propia. Apenas el 13% del total de ingresos nacionales se asigna a las provincias del norte, es decir, zonas que objetivamente necesitan el apoyo del resto de las jurisdicciones. Estas evidencias sugieren que es posible y conveniente avanzar hacia una organización tributaria consistente con el régimen federal donde las provincias tengan un rol más protagónico.
En el esquema tributario de la Argentina la mayor parte de la presión impositiva la genera la Nación a través de los impuestos nacionales. Según datos del Ministerio de Economía, en el 2007 la presión tributaria total (nacional más provincial) alcanzó el nivel récord de 29% del PBI. De esta carga impositiva, 25 puntos porcentuales corresponden a los impuestos nacionales mientras que los 4 puntos restantes son impuestos provinciales. La alta concentración de recursos contrasta con la fuerte descentralización de funciones. Educación básica, salud pública, asistencia social, vivienda, inversión urbana, seguridad y justicia, entre otros, son responsabilidades de los gobiernos provinciales.
Las transferencias de recursos desde la Nación hacia las provincias se hacen con parámetros preestablecidos –las denominadas transferencias automáticas, siendo la principal la coparticipación federal– y con criterios discrecionales –las denominadas transferencias no automáticas que decide el Poder Ejecutivo Nacional–. En base a datos del Ministerio de Economía para el 2007 se pueden dimensionar estos flujos financieros:
Del total de impuestos nacionales, el 33% se distribuye a las provincias y el 67% restante es administrado por la Nación.
De lo que se distribuye entre las provincias, el 60% va hacia las provincias del centro y sur. Esto representa 20% de la recaudación total nacional.
El 40% restante es asignado a las provincias del norte argentino. Esto representa el 13% de la recaudación total nacional.
En las provincias del centro y sur –región pampeana, Mendoza y la Patagonia– vive el 75% del total de la población del país. En general, en estas provincias hay capacidad institucional y potencialidad económica para operar con eficacia las funciones que la Constitución les asigna. En otras palabras, no necesitan que la Nación intermedie concentrando la recaudación impositiva para luego distribuirla. De hecho, estas provincias actualmente generan, en promedio, aproximadamente el 50% de sus recursos totales con mecanismos propios. Si bien existen casos como Córdoba y Santa Fe que generan sólo el 33% de sus necesidades, es indudable que ambas provincias tienen un gran margen para aumentar los recursos propios. Esto sugiere que, descentralizando la recaudación, con poco esfuerzo y una transición prolija la mayoría de las provincias del centro y sur podrían autofinanciarse.
En las zonas más rezagadas del norte, en cambio, vive sólo el 25% de la población. El relativamente bajo nivel de desarrollo justifica establecer un mecanismo de compensación de desequilibrios regionales. En promedio, estas provincias apenas cubren con recursos propios el 20% de sus presupuestos. Sin embargo, en términos absolutos se trata de montos relativamente pequeños. Prueba de ello es que actualmente las provincias del norte argentino apenas reciben el 13% del total de la recaudación de impuestos nacionales. Se trata de una magnitud pequeña que pone al descubierto que el actual nivel de concentración de recursos en la Nación no se justifica bajo el argumento de que es necesario a los fines de garantizar la equidad interprovincial.
Un esquema federal en la asignación de funciones pero unitario en la generación de recursos resulta intrínsicamente ineficiente e inestable. La crisis desatada en torno a las retenciones es una manifestación de ello. Las provincias no cuentan con recursos acordes a los servicios que tienen a su cargo. La Nación, por el contrario, disfruta de amplios márgenes para el derroche. Un ejemplo visible son los subsidios a las empresas públicas y privadas. La iniciativa de utilizar fondos públicos para pagar gastos corrientes de una empresa aérea es un testimonio extremo de derroche y regresividad en las intervenciones del Estado.
En este contexto, el gran desafío del Congreso no es resolver qué hacer con la Resolución 125. El tema estratégico es transformar el sistema tributario. La clave es derogar la coparticipación y todos los mecanismos automáticos y discrecionales de transferencia a las provincias para redefinir con un criterio descentralizador (consistente con la descentralización de funciones que manda la Constitución) las potestades tributarias. Para apoyar a las zonas más postergadas del norte del país se requiere un régimen de compensación regional que demandaría un volumen relativamente pequeño de recursos.
Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Social Argentino (IDESA)