ANSES transmitió a la Corte que unos 60 mil juicios previsionales “son innecesarios”

La ANSES le transmitió a la Corte que unos 60 mil juicios previsionales “son innecesarios”, pues la liquidación final de lo que deberían cobrar los jubilados y pensionados es igual a cero. Se trata de aproximadamente el 20% de los juicios, que según el organismo supera los 300 mil. Ahora un jubilado formula el reclamo judicial por el reajuste, recorre las instancias tribunalicias y una vez que obtiene fallo favorable de la Corte accede a la liquidación. “Muchas veces se comprueba, después de cinco, seis o más años de litigio, que no hay nada para cobrar. Eso genera un incremento de la litigiosidad y gastos sin sentido, cuando se podría desactivar el juicio antes de empezarlo”, evaluaron fuentes del tribunal.

La Corte pidió a la ANSES precisiones sobre esa hipótesis. Y, al mismo tiempo, destinó a un equipo de asesores económicos a que evalúe la situación. Cuando la ANSES reconoce que hay juicios “innecesarios”, tácitamente y por oposición parece admitir que los otros tienen una acreencia cierta y exigible. Una virtual depuración de la cantidad de juicios, estiman en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, contribuiría a agilizar la prestación de justicia. Pero no resolvería el tema de fondo, es decir los miles de jubilados que tienen sentencia firme y no pudieron aún cobrar su dinero.

En la Corte hay un expediente que puede ser clave en ese sentido. Se trata de una “acción de clase” (un fallo que alcanzaría a todos los jubilados) motorizada por el Defensor del Pueblo. Hasta ahora, cada jubilado debe litigar individualmente, pero la acción del ombudsman permitiría que un único fallo reconociera el derecho al reajuste a todos los jubilados y pensionados. “La Corte no va a tomar una decisión así”, respondieron los jueces que en el acuerdo de ayer discutieron el caso. Son conscientes de que un fallo de esa naturaleza obligaría al gobierno a desobedecerlo o a cumplirlo y poner en riesgo todo el andamiaje económico por el altísimo impacto fiscal que tendría el desembolso de recursos para afrontar la sentencia.

Fuente: Tiempo Argentino