CGT propondrá subir el mínimo no imponible y que se tribute la renta financiera

Tras el anuncio de exceptuar del pago de Ganancias al medio aguinaldo de diciembre para quienes perciben ingresos superiores a $ 25 mil, el gobierno y la CGT abordarán en los próximos días la cuestión de fondo, esto es, una suba en el mínimo no imponible de Ganancias (que alcanza a los trabajadores que perciben desde $ 5782 para aquellos que no tienen cargas familiares, y desde $ 7998 para el caso de trabajadores casados con dos hijos). Desde la central obrera evalúan dos propuestas. La primera –considerada como más viable como consecuencia de su mayor simplicidad– se centra solamente en el universo interno del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, actualizando el mínimo no imponible y modificando las alícuotas, las deducciones y las escalas. La segunda alternativa, mucho más ambiciosa, propone una reforma tributaria destinada a revertir lo que se consideran aspectos "regresivos" del actual sistema, aliviando la carga impositiva sobre los eslabones más débiles que tributan y trasladando un mayor peso sobre la renta financiera, la renta minera, y la transmisión gratuita de bienes, entre otras cuestiones.

Esta última propuesta –considerada el “Plan B”– estuvo a cargo de la Secretaría de Política Económica de la CGT que controla Horacio Ghilini y en su elaboración participaron los economistas Mariano de Miguel, Daniel Carbonetto y Pablo Chena, entre otros. Entre las medida destinadas a captar rentas por parte del Fisco se plantea un impuesto a las transacciones financieras equivalente al 30% en el caso de la renta generada por depósitos a plazo y del 1% sobre las operaciones del mercado abierto y bursátiles. "Mientras el impuesto no grava la renta financiera, sí se encuentran gravadas las rentas del trabajo personal, lo cual plantea un diseño claramente discriminatorio que favorece a los sectores rentísticos de la sociedad", diagnostica el texto del proyecto.

El otro eje del programa consiste en una devolución del IVA de los bienes de la canasta básica para los sectores populares. La eliminación de las alícuotas en los alimentos que consumen los sectores de menores ingresos se instrumentaría a través de su devolución por tarjetas de débito. ¿Por qué a través de este mecanismo? Los autores evalúan que si la medida se implementa en forma generalizada, a través de supermercados o el sector mayorista, lo más probable es que estos en lugar de bajar los precios se apropien del margen resultante.

Los grupos identificados que se beneficiarían con la devolución del IVA a los bienes de la canasta básica serían los trabajadores registrados con un ingreso neto menor o igual a $ 2600, los desocupados y trabajadores informales que reciban algún tipo de asistencia social (AUH, por ejemplo), y jubilados y pensionados con ingresos de hasta $ 1600.

La iniciativa propone también un incremento del mínimo no imponible del 25%, de tal modo que se ubicaría en $ 7228 para el caso de los solteros sin cargas familiares, y en $ 9998 para aquellos trabajadores casados con dos hijos.

El trabajo estima un efecto positivo de la reforma tributaria sobre la recaudación fiscal como consecuencia, en gran medida, del alto impacto del impuesto a las transacciones financieras. A precios corrientes para el año 2011, la iniciativa proyecta que se podrían recaudar $ 16.095 millones bajo este concepto. En tanto, para el caso de aquellas medidas que produzcan un agujero recaudatorio –como la devolución del IVA a los sectores de menores ingresos (-$ 12.708 millones) o la suba del mínimo no imponible (-$ 2600 millones)– se considera que tendrán un efecto indirecto expansivo sobre la economía como consecuencia de la masa de recursos que casi en su totalidad se dirigirán al consumo, generando mayor recaudación por el lado del IVA. El incremento del IVA generado por estas dos medidas alcanzaría –según la estimación del trabajo– los $ 2449 millones.

Otra medida contenida en el proyecto hace referencia a la necesidad de gravar la transmisión gratuita de bienes que existía a nivel provincial en Argentina "hasta 1976 cuando Martínez de Hoz lo eliminó en beneficio propio". También propone un incremento en las retenciones a la renta minera, que pasarían de 5 a 10% para los minerales industrializados y del 10% al 20% para los productos sin industrializar. Para el caso del sector agropecuario establece un impuesto inmobiliario rural con ajuste en la valuación fiscal de los terrenos y la aplicación de un gravamen sobre la renta potencial de la tierra. Así las cosas, estos tres ítems –transmisión de bienes, renta minera e inmobiliario rural– permitirían recaudar $ 2700 millones, $ 589 millones y $ 1445 millones, respectivamente.

"Es un planteo alternativo, después veremos si prospera, no nos vamos a autocensurar", consideró una alta fuente de la CGT. Por la central obrera, quienes integrarán la comisión negociadora serán Andrés Rodríguez (UPCN), Ricardo Pignanelli (SMATA), Horacio Ghilini (Sadop), aunque podrían sumarse otros referentes del Consejo Directivo.

Fuente: Tiempo Argentino