ECONOMÍA
Crean programa de monitoreo para la prevención del lavado de activos
Funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia un programa de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Dice que se hace necesario dada la complejidad y dinamismo de las nuevas manifestaciones del fenómeno.
El Poder Ejecutivo dispuso, por Decreto 1642/2011 publicado hoy en el Boletín Oficial, la creación del Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el ministro de Justicia, Julio C. Alak.
El Programa tendrá a su cargo coordinar a nivel nacional las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
También deberá producir estudios, investigaciones y diagnósticos respecto de cuestiones críticas en la materia.
Asimismo realizará el seguimiento y programar los cursos de acción para evaluar y adecuar la implementación de las reformas legislativas antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Promoverá, además, ámbitos de trabajo y participación que permitan generar consensos, fijar metas y formular políticas en la materia de su competencia.
También convocará a los poderes del estado, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que actúen en forma directa o indirecta en la temática.
Prestará colaboración y apoyo técnico a los organismos responsables en la prevención, persecución y sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Programa será presidido y coordinado por el ministro de Justicia y contará con un consejo asesor integrado, en una primera etapa, por representantes de los organismos de inteligencia, organismos descentralizados de regulación y supervisión financiera, ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, y toda otra entidad u organismo que se considere necesario para el abordaje de la temática.
El Ministerio de Justicia ejercerá las actividades de apoyo técnico y administrativo al Programa.
En los considerandos expresa que el Poder Ejecutivo Nacional ha impulsado las reformas normativas necesarias para una intervención correcta y eficaz en la prevención y sanción del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, obrando siempre con la debida salvaguarda y respeto irrestricto de los derechos humanos.
Explica que la complejidad y dinamismo de estas nuevas manifestaciones del fenómeno criminal ponen de relieve la necesidad de aunar los esfuerzos de todas aquellas entidades públicas, privadas y de la sociedad civil involucradas, aun tangencialmente, en la prevención y persecución de estas acciones delictivas.
En tal sentido –agrega-, resulta prioritario que el Gobierno Nacional establezca mecanismos de coordinación de todos estos actores, en procura de fomentar instancias de consenso y fijar metas que permitan implementar la totalidad de los recursos y herramientas disponibles, con el fin de potenciar y direccionar los esfuerzos en esta materia.
Por ello es necesaria la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, del Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Recuerda, además, que la Argentina es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley Nº 24.072), de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley Nº 25.632), de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Ley Nº 26.023), y del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Ley Nº 26.024).
Destaca que los referidos instrumentos del derecho internacional, incorporados a nuestro derecho interno, evidencian el compromiso que ha asumido el país para avanzar en las acciones necesarias para lograr la prevención y persecución de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Además, agrega, con la reciente sanción de la Ley Nº 26.683, entre otras acciones, la Argentina ha cimentado los pilares de una política de estado dirigida a la modernización y adecuación de su legislación, de conformidad con las exigencias previstas en los tratados internacionales indicados precedentemente.
El Programa contará con un consejo asesor integrado, en una primera etapa, por representantes de los organismos de inteligencia, organismos descentralizados de regulación y supervisión financiera, ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, y toda otra entidad u organismo que se considere necesario para el abordaje de la temática.
Fuente: Presidencia de la Nación