Diputados dió media sanción al 82% móvil en jubilaciones

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada y giró al Senado el proyecto de ley que equipara la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, cuyo debate central entre oficialismo y oposición se ubicó en la sustentabilidad del sistema.

La iniciativa fue aprobada en general por 136 votos positivos (del llamado grupo A del núcleo duro anti-K), 89 negativos (del oficialismo) y 17 abstenciones (de aliados K y del interbloque de centroizquierda Proyecto Sur que conduce Fernando "Pino" Solanas, que tuvo diferencias internas).

Minutos después de las 3 de la madrugada, se definió la votación y luego de más de doce horas de debate en el que se notaron claras discrepancias entre el grupo A, que impulsó un dictamen de comisión en mayoría, y Proyecto Sur, que, con un dictamen en minoría, planteaba una una iniciativa similar pero que incluía un artículo para restablecer el cien por ciento de los aportes patronales recortados durante el menemismo.

Por su parte, el oficialismo consideró inviable el incremento y acusó a los opositores de actuar con irresponsabilidad e intentar desfinanciar el gobierno, además de buscar el veto presidencial y actuar con oportunismo, entre otras cuestiones.

Con el salario mínimo vital y móvil actual de 1.740 pesos, y de convertirse en ley, la jubilación mínima pasaría a 1.426,80 pesos (casi 400 pesos más de lo que se percibe por ese concepto a partir de septiembre), aunque ahora se espera una dura discusión en el Senado.

El jefe del bloque K, Agustín Rossi, quien hizo una clara defensa del gobierno y su gestión en el plano previsional, rescató la reestatización de las jubilaciones, mientras de la oposición se le recordaba que el menemismo las había privatizado.

"No me hago cargo un carajo de Menem. Nunca fui menemista. Los que están en el grupo A eran los menemistas", bramó Rossi.

Antes el radical Oscar Aguad sentenció que el "modelo fracasó" y dijo que "este gobierno tiene un histórico gasto público: 146 mil millones de dólares sacados al sector privado". Al inicio de la sesión, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, el peronista federal Mauricio Ibarra, defendió el dictamen por la mayoría, del núcleo duro anti-K, y dijo, con ironía, que no se imaginaba "al general (Juan Domingo) Perón haciendo consultas para saber cuál es el impacto que iban a tener las vacaciones pagas, consultando por el aguinaldo".

La diputada de Proyecto Sur Graciela Iturraspe -una de las operadoras de la centroizquierda que apuró un dictamen de comisión en minoría- marcó la necesidad de dar sustento al aumento de las jubilaciones a partir "de la restitución de los aportes patronales" al nivel que tenían antes de la rebaja que dispuso en 1993 el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en la gestión de Carlos Menem.

Pero el intento de la centroizquierda se vio debilitado por el retroceso de los bloques del socialismo y el GEN -que a través de su jefa de bloque del PS, Mónica Fein, y la diputada bonaerense de los "margaritos" Virginia Linares- anunciaron, pese a haber respaldado el dictamen de minoría, que terminarían votando en general el proyecto de la mayoría y pedirían en la discusión en particular la restitución de la totalidad de los aportes patronales como fuente de financiamiento. Su compañero de interbloque y de la CTA Claudio Lozano aseguró que "en estos momentos, la ANSES tiene un superávit de 13.000 millones de pesos anuales y si se restituyeran los aportes patronales a las grandes empresas en los niveles de 1993 se obtendrían más de 17.000 millones de pesos adicionales" para pagar el aumento a los pasivos.

El primer oficialista en hablar fue Gustavo Marconato (presidente de la Comisión de Presupuesto), quien eludió las críticas opositoras al recordar que, en lo que va de gestión del matrimonio Kirchner, se "ha dado más de un 500 por ciento de aumento en el haber mínimo jubilatorio".

El santafesino objetó el dictamen de mayoría por no mencionar la fuente de recursos necesaria para sostener el sistema con el referido aumento (que requiere la ley de Administración Financiera) y recordó que "estamos hablando de 32 mil millones de pesos de diferencia", al tiempo que acusó a los opositores de "querer secar el fondo de sustentabilidad" y desfinanciar la seguridad social.

La réplica fue del radical Eduardo Serebrinsky, quien dijo que "nos hacemos cargo" de la responsabilidad en el retraso de las jubilaciones (como el recorte del 13 por ciento de los haberes en el gobierno de Fernando De la Rúa), pero pidió al peronismo "que se hagan cargo de la década del ’90, que se hagan cargo de la pesificación asimétrica". Su par Silvana Giúdici aseguró que el planteo de su bloque a favor del aumento de los haberes "no es oportunista".

A su turno, la jefa de la CC, Elisa Carrió, quien en su momento se opuso al traspaso al régimen de jubilación estatal de reparto, dijo que es "es intolerablemente injusto y reaccionario que los jubilados financien a los niños y no, por ejemplo, la renta financiera".