El Estado recuperó $31 millones por pagos indebidos de reembolsos

La empresa Ansaldo Energía SpA, proveedora de turbinas para la central eléctrica Yacyretá, le pagó al Estado nacional $31 millones por haber cobrado en forma indebida reembolsos por beneficios fiscales entre los años 1999 y 2000, informó la Oficina Anticorrupción (OA).

La OA destacó en un comunicado que esa maniobra de la firma italiana constituyó "una defraudación al Estado", por lo cual se inició una causa penal en la cual el organismo es querellante.

La Oficina participó en el proceso administrativo que culminó en un acuerdo transaccional, entre la empresa y el Ministerio de Economía.

"La OA prestó conformidad a este acuerdo, pero exigió que el monto pagado guardara relación con el daño provocado y que además la empresa se comprometiera a adoptar un Código de Etica", agregó el comunicado.

Para la Oficina es "fundamental" que este código contemple la designación de un oficial que controle el cumplimiento de las normas de ética y transparencia internas; la capacitación del personal en relación a la ética; y la protección para el personal de la empresa que denuncie hechos sospechosos de corrupción.

Ansaldo debería asimismo mantener un registro de entrevistas con funcionarios públicos; aceptar las denuncias anónimas; comunicar a la Oficina Anticorrupción las denuncias o investigaciones que se realicen en su ámbito y brindar la información recolectada en esos procedimientos.

El código propuesto por la OA tendría también que observar la posibilidad de recomendar a los subcontratistas que adhieran a similares códigos de ética; y no realizar prácticas de cartelización o cualquier acción que restrinja o limite la competencia en las contrataciones públicas.

Entre los motivos que Ansaldo Energía SpA tuvo para arribar al acuerdo, explica el comunicado, "están los embargos que pesaban en su contra, tanto en las actuaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal, como también el decretado en la causa 1248, y la voluntad de la empresa de volver a desarrollar proyectos en la Argentina".

"Esto demuestra la importancia que presentan las medidas cautelares decretadas durante el transcurso de una investigación, a los fines de una eventual recuperación de activos, que es la política que viene impulsando la OA", concluyó la información.

Fuente: Télam