El Gobierno impone otro pago extra para choferes de ómnibus

Las empresas de transporte de larga distancia se quejaron ayer por una disposición del Ministerio de Trabajo que, ante la falta de acuerdo por una mejora de los salarios, obliga a pagarle $ 700 a cada trabajador antes del miércoles próximo. Esa medida fue dispuesta el martes pasado, en una reunión de la que participaron representantes del empresariado y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ayer, mientras que las fuentes sindicales indicaban que había existido un acuerdo por ese pago, desde la parte empleadora aseguraron que los presidentes de las cámaras sólo firmaron para darse por notificados de la medida, pero aclarando en que no están en condiciones de abonar, "por los problemas estructurales" que, según alegan, tiene el sector.

La decisión del Ministerio de exigir el pago de $ 700 no remunerativos ya había sido tomada en mayo. En aquel momento se evitó así un paro que el sindicato había previsto para el fin de semana largo en el que se celebró el Bicentenario. La disposición de esta semana, anunciada a las partes en un encuentro del que participaron la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el jefe de Gabinete de la cartera laboral, Norberto Ciaravino, significó una prórroga de aquella norma dictada en mayo, "por el término de 30 días", según explicaron fuentes del sector.

La estrategia de disponer el pago de una suma fija en negociaciones que se presentan complicadas cuenta con un antecedente que involucró el año pasado a la industria metalúrgica. En aquella oportunidad, el Ministerio de Trabajo había exigido depositar $ 500 para cada trabajador a cuenta de lo que se lograría en el futuro acuerdo. Fue al mismo tiempo que se dictó la conciliación obligatoria para evitar medidas de fuerza, y pocos días antes de las elecciones legislativas.

"Imposibilidad real"

Por una nota dirigida al ministro Carlos Tomada, la Cámara Argentina de Larga Distancia (Celadi) advirtió ayer que las empresas se encuentran frente a una "imposibilidad real de incorporar en este mes" el pago dispuesto. La nota se refiere a la "profunda preocupación" que provoca el hecho de que, "en la delicada situación actual de la actividad se continúen asignando nuevos y mayores costos".

Según dijo Gabriel Caamaño Gómez, gerente de la mencionada entidad, las compañías no están en condiciones de pagar. Agregó que la solución no es un aumento de tarifas de los servicios. Según explicó, el sector está requiriendo medidas de fondo para solucionar problemas estructurales que tienen que ver con las políticas públicas en materia de tarifas subsidiadas para el transporte aéreo, con los servicios de transporte irregulares y con el costo de los combustibles, entre otros temas. Todo ello, según el directivo, afecta a la actividad y hace imposible responder a la demanda sindical.

El secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, sin embargo, dijo que las empresas habían acordado con el sindicato el pago de esa suma, y no sólo por mayo y junio sino por todos los meses del año. Y agregó que la reunión a la que convocó la cartera laboral para el lunes próximo será para negociar el pago de los montos retroactivos, ya que el reclamo del sindicato es por un incremento que sea efectivo desde los salarios de enero de este año.

"Ya habíamos arreglado el aumento de 700 pesos para el transporte de corta y de media distancia; faltaba el sector de larga distancia", afirmó Calegari, que recordó que hace tres semanas hubo una medida de fuerza de 12 horas.

La disposición alcanza a los 22.500 trabajadores que están en la actividad y, según el escrito enviado al ministro Tomada, implica una erogación de $ 15 millones, que la cámara dice que no podría enfrentarse "ante la preocupante carencia de instrumentos compensatorios que acompañen, no ya la adecuada evolución del sector, sino su propia sustentabilidad".

Según la Celadi -la más grande de las tres cámaras que firma el convenio salarial del sector- cuando en el mes de mayo se aceptó pagar la suma dispuesta por Trabajo, se hizo "con la clara convicción" de que habría avances en las políticas oficiales "para regularizar la situación del sector".

(La Nacion)