El programa de Internet para todos se financiará con fondos de la telefonía

El 1% de la facturación de las empresas de telecomunicaciones se destinará al Fondo del Servicio Universal, con el que se sostendrá el crecimiento de la red de Internet de banda ancha en todo el país y el plan Conectar Igualdad.

Diez años después de su sanción, la Secretaría de Comunicaciones aprobó la metodología que deberán seguir las operadoras de telecomunicaciones (de telefonía fija, móvil y radioenlaces) para aportar el 1% de su facturación al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, en base a lo dispuesto en la Resolución 154, emitida el pasado 3 de diciembre por esa secretaría y publicada en el Boletín Oficial.

El Fondo de Servicio Universal fue ideado a fin de financiar o subvencionar la prestación de servicios de telecomunicaciones en zonas no cubiertas por las empresas privadas o consideradas no rentables para el mercado. Fue una de las figuras creadas en la década de 1990 tras la privatización de la estatal Entel. Su constitución fue prevista en los decretos del año 2000 que declararon la apertura del mercado a la competencia.

Las estimaciones de expertos del sector consideran que sumando los aportes desde enero de 2007 a la fecha la cifra estaría entre $ 1000 y 1200 millones de pesos. Además, se calcula que por este cargo, el Estado puede recaudar unos $ 400 millones anuales.

Entre los destinos ya previstos para estos recursos figuran la conectividad en las escuelas comprendidas en el plan Conectar Igualdad, así como la provisión de banda ancha de Internet a los establecimientos educativos de gestión estatal y a las bibliotecas populares. Se trata de objetivos diferentes a los que se le dio originalmente, más vinculados con la red de telecomunicaciones física.

No obstante, en sus balances, las principales operadoras del país –Telecom Argentina y Telefónica de Argentina– se autodenominan acreedoras del Fondo de Servicio Universal, por ser las que llegan con comunicaciones a zonas no rentables. Desde la apertura del mercado a la competencia en 2000, Telecom y Telefónica reclaman a los gobiernos ser consideradas acreedoras por prestar servicios que deberían estar cubiertos por el fondo de Servicio Universal.

Mientras que las firmas que en el año 2000 entraron al mercado de telecomunicaciones argentino sostienen que los diez años que corrieron entre la privatización de Entel y la apertura a la competencia (desde 1990 a 2000), alcanzan para amortizar las inversiones hechas por Telecom y Telefónica para dar servicios básicos de comunicaciones a todas las localidades consideradas no rentables.

El usuario final no verá cambios en su factura porque el cargo impacta sólo en las cuentas de las empresas.

(Tiempo Argentino)