Empresas respaldan el proyecto de Ley de Semillas impulsado por el Gobierno

Empresas semilleras dieron ayer, públicamente y en conjunto, su respaldo al proyecto de Ley de Semillas propuesto por el gobierno nacional. La iniciativa planteada a mediados de este año fue perdiendo fuerza hasta que, a un mes del fin del período de sesiones ordinarias del Congreso, difícilmente llegue a ser tratada este año, según opinan varios de los actores.

El proyecto se enfrió a partir de las disidencias que encontró en las entidades rurales, con Federación Agraria (FAA) a la cabeza.

Es que la nueva norma no sólo busca erradicar la venta ilegal de semillas, conocida como “bolsa blanca” sino también limitar el llamado “uso propio” por parte de los productores, que hoy pueden resembrar su propia semilla sin comprar una nueva bolsa. El proyecto busca limitar esta actividad a los que integran el Registro Nacional de Agricultura Nacional.

Según el Ministerio de Agricultura, este registro, que está activo, es decir que se actualiza, contiene al 70% de los productores.

La principal crítica de la FAA, que comanda Eduardo Buzzi, es que los productores perderían su soberanía y que, de aprobarse la ley, la nómina de agricultores dentro del registro podría variar, dejando afuera a productores que necesiten hacer uso propio de la semilla.

En una presentación a la prensa, las empresas contaron ayer por qué respaldan el proyecto y las voces destacadas de la defensa fueron las semilleras nacionales, que no son las “inventoras” de la tecnología, sino que la adaptan a las condiciones de una región y reproducen esas semillas para la venta. Monsanto, por caso, es inventora de tecnología, y firmas como Don Mario, Nidera, Buck y Klein son las denominadas “obtentoras”. Estas empresas serían las más beneficiadas por la nueva ley, porque son las que efectivamente venden las bolsas de semillas a los productores.

Según el proyecto, aquellos productores incluidos en el registro no tendrán que avisar a las empresas del uso propio y los demás deberán pagar un canon en concepto de “uso propio oneroso”, indicaron las firmas. Actualmente, las empresas calculan que de los cultivos más importantes del país, solamente entre 35% y 40% corresponden a semillas fiscalizadas.

Pese a que en sus discursos todos los actores de la cadena concuerdan hace años en que hay que modificar la actual Ley de Semillas (20.247) que data de 1973, parece que 2012 cerrará sin que estén dadas las condiciones para hacerlo.

Fuente: Cronista.com