Estudian proyecto que busca regular la TV paga

La iniciativa ya empezó a ser estudiada por las asociaciones de consumidores, que piden su sanción inmediata. El texto apunta a conocer la estructura de costos de las cableras y sus ganancias. Similitud con la medicina privada.

En la Argentina, más de 7 millones de hogares con televisión por cable, es decir, más de la mitad de la población utiliza un servicio que, en los últimos cinco años, ha tenido aumentos en las tarifas superiores al 200 por ciento. Casi el 50% del mercado está en manos de Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín que, luego de la fusión con Multicanal, pasó a manejar en forma monopólica el servicio en distintas localidades del interior y Buenos Aires con un sistema de incrementos bien definido: tres aumentos de tarifa por año, de entre un 10 y un 15% promedio cada uno de ellos, y sin especificar las razones del aumento. Esta situación de desborde incluyó desobediencia de Cablevisión a diferentes fallos de la justicia a favor de los usuarios y a las exigencias y resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior sobre la tarifa a cobrar en todo el país.

Ante este panorama, y luego del último tarifazo de Clarín anunciado para marzo (suba del 10%) en un abono básico que hoy cobran $ 147, las asociaciones de consumidores salieron a pedir en forma unánime la sanción urgente de una ley que regule al sector, como única forma de parar la escalada tarifaria. De hecho, las ONG que siguieron los reclamos ante Cablevisión con más énfasis ya empezaron a repasar la única iniciativa que fue presentada en Diputados el 6 de mayo de 2011, por los legisladores oficialistas Remo Carlotto y Ariel Pasini. “Tenemos la expectativa de que con la nueva conformación de la cámara, con menos influencia del Grupo A, empiece a tener tratamiento la regulación del cable. Porque este fue uno de los proyectos que paró el grupo en pos de la preservación de los intereses del monopolio”, explicó Carlotto a Tiempo Argentino. Si bien en sus lineamientos generales el proyecto parece simple, el equipo técnico que colaboró tiene amplia experiencia en la materia y acotó los artículos en pos de un tratamiento legislativo más ágil. El asesor técnico de la iniciativa es Roberto Zorzoli, hombre con experiencia en la defensa de consumidores y temas de regulación, ya que fue colaborador de Patricia Vaca Narvaja en la iniciativa de control a la medicina prepaga, proyecto que se transformó en ley en 2011.

En sólo siete artículos, el proyecto 2399 pide que se establezcan las condiciones para saber cuáles son los costos reales del servicio y los niveles de ganancia de las compañías, para luego autorizar en esa línea los cambios tarifarios. “Hicimos un proyecto sencillo para que se abra el debate sobre la regulación, porque el tema del cable ha llegado al punto de parecerse mucho al mercado de las prepagas, ya que los dos sectores se acostumbraron a aumentar sin control”.

El proyecto de Carlotto establece al Ministerio de Economía como la Autoridad de Aplicación, y le otorga la potestad de aprobar los modelos de contratos y los precios, teniendo en cuenta la estructura de costos de las compañías. En este contexto, hasta la propia Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (Cacpy) se mostró de acuerdo con que haya una ley que revea la estructura de costos de las cableras grandes. Su titular, Eduardo Maurino, dijo a Tiempo que “nosotros estamos regulados, y Cablevisión debería estarlo, pero el problema es que ellos activan grandes bufetes de abogados y solucionan todo.”

Desde las ONG se mostraron a favor de la medida oficial. “Hay empresas de TV por cable que tienen una posición dominante en algunas áreas de prestación: en Capital y GBA, Cablevisión tiene cerca del 80% de las suscripciones”. afirmó Pedro Bussetti, titular de Deuco. El directivo manifestó que el precio del abono difiere según los prestadores y la posición en el mercado, llevando a que por la misma cantidad de canales varíe de $ 150 a $ 70. “Debiera ser a la inversa, el mayor valor del abono lo perciben aquellas empresas que tienen mayor cuota de mercado. Esta realidad obliga a las autoridades nacionales a regular el valor mensual de las suscripciones para evitar la imposición de precios que resulten abusivos en tanto no se corresponden con la estructura de costos de estas empresas”, concluyó Bussetti.

En tanto, Osvaldo Bassano, titular de Adduc, expresó la necesidad de considerar al cable como un “servicio público”. “No tomar al cable como servicio público es continuar soportando el consumidor una afrenta al ingreso a un servicio de obligación (más que de necesidad) en la vida de las personas. El proyecto presentado es importante dado que representa un avance”, indicó.

Fuente: Tiempo Argentino