Fuertes expectativas de Argentina para salir del seguimiento intensivo del GAFI
La comitiva del GAFI hizo su paso por la Argentina para verificar avances en materia de legislación penal, procesos judiciales y mecanismos administrativos para luchar contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si bien poco se sabe de las reuniones que mantuvieron los ocho miembros de la delegación internacional con banqueros, empresarios de seguros y agentes de bolsa -dado que fueron encuentros a puertas cerradas- trascendió que los resultados obtenidos por el organismo fueron positivos, lo que dejaría a la Argentina a un paso de salir de la lista gris; los más optimistas hablan de que los resultados estarían para antes de fin de año. De hecho hay plena expectativa que en el próximo plenario en París a realizarse del 20 al 24 de octubrese vote la salida de la Argentina de la lista gris.
Cabe destacar que el último plenario del GAFI -en París en junio pasado- se sacó a la Argentina de otro proceso de seguimiento más general denominado “Follow up”, y se autorizó la visita ‘in situ’ para constatar los avances obtenidos en el cumplimiento de su plan de acción vinculado a otro proceso más intensivo por el cual Argentina está aún en la lista gris.
Las expectativas luego de la visita de la misión son promisorias: según fuentes oficiales, en la reunión entre la presidenta Cristina Fernández y el GAFI, la misión le expresó a la Presidenta un reconocimiento contundente por el compromiso de la Argentina por mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El organismo se ocupa de monitorear la situación de los países miembros que deben contemplar la tipificación de ciertas figuras delictivas, abordar planes para el recupero de activos, fortalecer el funcionamiento de los organismos administrativos reguladores de la actividad económica y financiera en ámbitos de riesgo, entre otros puntos.
Es importante recordar que en 2010 el país recibió una mala evaluación del GAFI respecto del período 2004 a 2009, donde se concluyó que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones que la entidad consideraba necesarias para hacer un seguimiento exhaustivo.
Ante esto fue que el Gobierno presentó un plan de acción, que incluía respuestas a esos señalamientos.
Lo cierto es que el hecho de que el GAFI haya aprobado y enviado al país una misión para verificar el estado de avance en el plan de acción acordado -donde se contemplaron 49 puntos estratégicos para fortalecer el accionar contra los delitos económicos- resulta un indicador sumamente positivo y alentador dado que este tipo de evaluación sólo es aprobada cuando existe cierta seguridad sobre el éxito de la misma. Cabe destacar que la visita celebrada días atrás, es el requisito exigido para salir del seguimiento intensivo, ya que su finalidad justamente fue confirmar que el proceso de implementación de las reformas se encontraba en marcha. Así, ante los marcados avances que implementó el país en materia de persecución de este delito, ya se vocifera tanto en la esfera política como en la judicial, que la visita del GAFI daría a la Argentina la posibilidad de salir definitivamente de la lista gris. Las reformas Luego de que en 2009 la Argentina recibiera una inspección del Grupo y fuera incluida en la denominada lista gris -a causa de una serie de deficiencias detalladas por el organismo revisor-, en 2011 se inició un intenso plan de acción basado en reformas estructurales en materia legislativa y un ajuste integral del sistema administrativo, para lograr adecuar a la Argentina a los estándares exigidos. Se modificó el tipo penal de lavado de activos, adecuándolo a la figura del autolavado y agrupándolo en un nuevo título dentro de la Parte especial del Código Penal, denominado Delitos contra el Orden Económico y Financiero. Se consagró la responsabilidad de la persona jurídica, asimismo se incorporó el tipo penal de financiación del terrorismo y se reguló la figura del decomiso anticipado. Tras la nueva ley antilavado, entre las reformas sobre las que se avanzó en el país, se destacaron también importantes progresos en la esfera judicial dado que se lograron nuevas condenas firmes por lavado de dinero de acuerdo a su nueva redacción en el art. 303 del Código Penal. Asimismo existe una importante cantidad de procesamientos sobre los que se está avanzando, aplicación de multas y procedimientos administrativos a bancos y entidades financieras por el incumplimiento de las normas antilavado. También se concretó la ampliación sustancial de sujetos obligados a reportar a laUIF, se dictaron diversos decretos y resoluciones de la UIF, del Banco Central (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Ministerio de Economía. En materia administrativa, la Unidad de Información Financiera reguló el congelamiento de activos terroristas e intensificó su rol como querellante en casos judiciales. “En los últimos años, la UIF ha desarrollado un plan de litigio más ambicioso y apuntado al recupero de activos. Incluso ha tomado la decisión estratégica de iniciar investigaciones a partir del delito precedente al lavado, lo cual puede permitir un mejor seguimiento de los flujos financieros y una investigación más eficiente”, señala Agustín Carrara, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). El Ministerio Público Fiscal de la Nación, por su parte creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con la finalidad de fortalecer la investigación y la persecución de la criminalidad económica organizada.
Los avances Según cifras de la Procuración General de la Nación, desde la creación de la Procelac se avanza sobre 96 denuncias por delitos económicos -de las cuales el 50 por ciento pertenece a lavados de activos- y el monto aproximado relativo al pedido de embargo ronda los 474 millones de pesos, entre los que se encuentran embargos de automóviles, inmuebles, cuentas bancarias, entre otras. También se avanzó con pedidos de inhibición general de bienes, intervención judicial de personas jurídicas, y más de 316 investigaciones patrimoniales postulados. Otra de las cifras que habla sobre el fortalecimiento que se está logrando en materia de persecución de este tipo de delitos, se ve reflejado en un total superior a los 25 millones de pesos secuestrados, entre los que están comprendidos el dinero de las cuevas allanadas.
En lo que refiere puntualmente a las causas e investigaciones por lavado de dinero, desde Procelac avanzan con 47 denuncias y seguimientos para descubrir las llamadas rutas del dinero.
En lo que respecta al paso de las causas de lavado en la Justicia, se espera para fin de este año -dado el grado de avance de los casosse obtengan nuevas condenas; asimismo es importante señalar que ya hay al menos 200 casos de lavado que se encuentran en plena investigación y 20 que ya están elevados a juicio.
En lo que respecta al sistema de decomiso, en la Argentina está regulado por el artículo 23 del Código Penal y se prevé el decomiso de bienes. De acuerdo a las últimas modificaciones del código en materia de delitos económicos, siguiendo los lineamientos del GAFI, se incorporó la figura del decomiso anticipado, que otorga la posibilidad de confiscar los bienes antes de que se llegue una sentencia condenatoria.
A nivel mundial existe un amplio consenso en que la pena de prisión no es suficiente para combatir al crimen organizado, sino que es imprescindible atacar también el núcleo económico de estas organizaciones. Eso es lo que se busca con el decomiso de los bienes: cuando se demuestra que una suma de dinero o cualquier otro bien está vinculado a una actividad criminal (por ejemplo, las ganancias obtenidas), el Estado adquiere su propiedad de manera definitiva. En este contexto, el Congreso se encuentra avanzando fuertemente con el debate de proyectos para avanzar sobre el núcleo económico de las organizaciones delictivas.
En este marco, el ministerio Público Fiscal creó este año una unidad especializada en recupero de activos que avanza con el foco de que cuando existen sentencias condenatorias y escenas de decomiso, esta unidad ejecuta la sentencia para recuperar los bienes.
Fuente: BAE