Gobierno bonaerense y porteño admitieron que no cumplieron con los fondos para ACUMAR

En la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para evaluar los avances en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, los representantes de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, admitieron este miércoles ante el máximo tribunal que ambas jurisdicciones no cumplen con el aporte que deben hacer para integrar el presupuesto de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Por ello, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, les pidió que la semana que viene, cuando continúe la audiencia, respondan si van a cumplir con esa obligación legal.

El primero en brindar el informe ante la Corte, fue el secretario de Ambiente y titular de ACUMAR, Juan José Mussi, quien luego de brindar un pormenorizado informe plagado de números sobre los logros alcanzados en la cuenca Matanza-Riachuelo, sostuvo que una de las dificultades que tiene el organismo es que la provincia no ha cumplido con su aporte y la Ciudad lo ha hecho en forma parcial por lo que advirtió que de no corregirse esta situación, la ACUMAR podría quedarse sin presupuesto hacia fin de año.

El punto es que la ley 26.168 que creó la ACUMAR, determinó que la Nación tiene una participación del 50% y la provincia y la Nación del 25%, lo que conlleva el mismo porcentaje en la obligación de integrar los fondos del organismo.

Al momento de las preguntas, Lorenzetti inquirió a Mussi sobre la cuestión presupuestaria: "¿Por qué se va a quedar sin presupuesto?". A lo que el titular de la ACUMAR respondió: "Nosotros hemos reclamado en varios oportunidades en el juzgado (Federal de Quilmes) la integración de los recursos. La ciudad debía aportar $ 160 millones e incluyó $ 25 millones en el presupuesto, que ya giró. En cambio la Nación puso los $ 320 millones que le corresponden y la provincia que también debería haber incluido $ 160 millones, los incluyó en su presupuesto pero aún no los envió". "No quiero que se interprete como un tema político, pero vamos a tener dificultades para ejecutar lo que nos falta", agregó.

En otro tramo, Lorenzetti consultó a Mussi por la situación de las tosqueras que fueron clausuradas en el año 2009 por orden del juez actuante, Luis Armella. Allí, el secretario de Ambiente sostuvo que en beneficio de la obra de la Autopista Presidente Perón sería importante que se levante la veda que existe sobre algunas canteras y aclaró que aquellas que se presentaron ante el juzgado para regularizar su situación ya están funcionando.

El presidente de la Corte también quiso saber sobre las actividades que la ACUMAR terceriza e hizo mención a que el organismo tiene firmados 356 convenios en donde delega la ejecución. "Algunos de esos convenios son importantes, dos en particular, uno con AYSA y otro con el CEAMSE. En esos convenios ACUMAR se reserva la facultad de control y la auditoría contable, ¿eso lo hacen?", consultó Lorenzetti. Ante la pregunta, afirmó que tanto AYSA como el CEAMSE tienen sus propios organismos de control, aunque aclaró que desde ACUMAR luego de firmar los convenios "no pudimos detectar irregularidades en la obras". La respuesta no colmó la expectativa de Lorenzetti quien le recordó a Mussi que la propia sentencia establece que debe haber un control centralizado de la ACUMAR, e insistió sobre el punto de si hay una supervisión del organismo sobre las contrataciones que se realizan de las empresas que hacen las obras tercerizadas. Fue en vano, porque Mussi siguió sin dar respuesta a la pregunta.

Cuando llegó el turno de los representantes de la provincia de Buenos Aires, José Enríquez, jefe de asesores del Ministerio de Gobierno, también realizó un repaso sobre las obras realizadas por la gestión de Daniel Scioli. Pero al final todos los caminos conducen a Roma, porque el juez Carlos Fayt le preguntó: "¿La provincia realizó el aporte que le corresponde en el Fondo de Compensación Ambiental creado por el artículo noveno de la ley 26.168?".

Uno de los colaboradores del equipo de Hacienda bonaerense explicó que "como es de público conocimiento" este año "no hemos podido pagar los aguinaldos en tiempo y forma por lo que al día de la fecha debo manifestarle que si bien ha sido contemplado en el presupuesto no se ha podido integrar el aporte" de $ 160 millones.

Inmediatamente, Lorenzetti enfatizó: "Este es un tema de obligación legal no es discrecional. Hay una obligación de aportar el 25%, le pregunto ¿lo van a aportar o no?". "Vamos a tratar de fijar un plazo, a la brevedad informar si lo vamos cumplir o no", dijo el asesor de Hacienda. Mientras que Enríquez agregó: "La semana que viene le vamos a dar una fecha de cumplimiento", con lo que quedó postergada la definición.

Por la Ciudad, fue hacia el estrado Julio Conte Grand, Procurador General, quien también realizó un repaso sobre las obras hechas en territorio porteño. Recibió cuestionamientos del ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda por el incumplimiento de los plazos para la relocalización de las familias de las villas 21, 24 y 26, mientras que Eugenio Zaffaroni le transmitió la inquietud que le hicieron llegar los vecinos que ya fueron trasladados por las deficiencias de las nuevas viviendas.

Sobre el final, Lorenzetti quiso saber si lo informado por Mussi sobre el incumplimiento de la Ciudad era preciso. Conte Grand reconoció que el Gobierno porteño solo giró $ 25 millones de los $ 160 millones a los que está obligado. El titular de la Corte, fue categórico: "El punto es cuestión es que cada jurisdicción se comprometió a hacer un aporte dinerario y si no se hace ACUMAR se queda sin presupuesto, actualmente deben usted y la provincia, la provincia se comprometió a explicarnos la semana que viene qué es lo que van a hacer, me gustaría que ustedes hagan lo mismo, porque esto es un obligación legal. Si cada uno hace lo que le parece no puede funcionar ACUMAR".

Acto seguido, Lorenzetti llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para escuchar a quienes no pudieron exponer: los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora y las empresas AYSA y CEAMSE.

También volverán a ser citados el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y la Auditoría General de la Nación, cuyo titular Leandro Despouy, asistió a la audiencia pese a los cuestionamientos recibidos desde el kirchnerismo.

Fuente: Ámbito.com