Importantes joyerías pagaban impuestos como monotributistas

Su actividad comercial no está inscripta en el fisco y ambas tributan a través de un jubilado, testaferro de los dueños reales, vinculados con la quiebra fraudulenta del club Rosario Central. La UIF multará a cada una con $ 100 mil.

Definitivamente, Richiardi es de mi confianza”, afirma con seguridad una exultante Mirtha Legrand, la cara visible de la publicidad que encarga la joyería emblemática de Buenos Aires. Sin embargo, la confianza de la diva de los almuerzos es inversamente proporcional a la profesada por la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y argumentos no le faltan. Durante un operativo de control y posterior allanamiento, realizados entre septiembre del año pasado y los primeros meses de 2011 para verificar el cumplimiento de la normativa de la UIF, que obliga desde 2003 a las joyerías a reportar operaciones sospechosas, los inspectores constataron no sólo que Richiardi y su gemela Paul Baker (ambas del mismo dueño) no están inscriptas en ningún registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales; sino que, además, un jubilado y monotributista se presentó como el titular de las dos joyerías.

Es decir, la joyería promocionada por los famosos (y su gemela Baker) paga tanto de impuestos como un trabajador independiente, a pesar de facturar millones con el comercio de joyas, oro y metales preciosos. Se trata de un enorme negocio clandestino, cuyos márgenes llegan hasta la ciudad de Rosario, en Santa Fe, donde se produce una conexión con la quiebra del club de fútbol Rosario Central.

Por estas irregularidades, la UIF le inició un sumario por violación del régimen penal administrativo a ambas joyerías, que terminará en los próximos días con multas de $ 100 mil para cada una de ellas, la sanción más alta que establece la normativa.

La historia de cómo se desbarató esta estructura es digna de una película de espías. Todo comenzó el 15 de septiembre del año pasado, cuando agentes de la UIF visitaron el local de Richiardi (Alvear 1572)con una orden de supervisión, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento como sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas, tal como lo establece la Ley 25.246 para “las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios (…) y elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas”. En la práctica, las joyerías deben informar ante la UIF cualquier operación que supere los $ 10 mil. A pesar de que la normativa está vigente desde 2003, ni Richiardi ni Paul Baker elevaron jamás un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) al organismo, o sea, operaron todos estos años como si en los locales no existiese actividad comercial alguna.

Los inspectores de la UIF se toparon con que la gente que atendía el local se negaba a recibirlos. En una nueva visita ese mismo día fueron recibidos por un tal Tony Ricciardi o “Gordo Tony”, que se presentó como “el responsable” de la joyería. Sin embargo, el papel de Tony Ricciardi es mucho mayor, y según la UIF sería el principal eje del negocio y dueño de la joyería. Además de poseer otra identidad.

Ante la falta de cooperación con los agentes, la UIF informó a la joyería –mediante una cédula de notificación dejada en el local el 16 de septiembre– de todos los requerimientos de información solicitados: estados contables certificados y constancia de reconocimiento como persona jurídica, para lo cual estableció un plazo máximo de diez días para obtener los datos. Al mismo tiempo, pidió informes a la AFIP, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP).

Un día después, la IGJ respondió al pedido de la UIF y develó otro dato curioso: la sociedad Joyería Ricciardi SACIA, “está declarada en quiebra”, explicó la IGJ. La UIF citó al síndico de la quiebra, contador Luis Juan Kuklis, quien confirmó que “la quiebra fue decretada con fecha 29 de marzo de 2006” y que actualmente “la sociedad no posee ingresos de ninguna índole”. Sin embargo, el local de Ricciardi sí funcionaba, con la misma marca que la empresa quebrada, y seguía siendo promocionado por Legrand y Gerardo Sofovich. Con este dato, la UIF empezó a sospechar que otra sociedad comercial, que no era la de la tradicional familia Ricciardi, podría estar usurpando la marca. Empezó así la pesquisa de la estructura escondida detrás del nombre.

Menos de dos semanas más tarde, el abogado Gabriel Palmeiro se presentó en la UIF manifestando que “los responsables” de los locales Richiardi y Paul Baker le solicitaron su asistencia profesional para responder a los requerimientos del organismo, pero sin identificar a la persona jurídica o física que decía representar. El 30 de septiembre, la UIF intimó a Palmeiro para que identifique a su representado en un plazo de 48 horas. La respuesta del letrado sorprendió a los investigadores: dijo representar a Osvaldo Fernando Flores, “único” titular registrado de Richiardi. Cuando se rastrearon los datos de Flores los investigadores descubrieron que se trata de un jubilado que está inscripto en la categoría “I” del Monotributo. Es decir, según la documentación presentada por el propio abogado, las joyerías que están entre las más prestigiosas del país no están inscriptas en la AFIP y tributan $ 1420 por mes. El monotributo es un régimen destinado a pequeños contribuyentes, que recae sobre personas físicas o jurídicas con un nivel de facturación anual que no puede exceder los $ 300 mil. Superado ese ingreso bruto anual, el contribuyente pasa a revistar como Responsable Inscripto. Pero las dos joyerías tributan lo mismo que un trabajador independiente.

Como si fuera poco, el jubilado y monotributista Flores es además quien firmó los contratos de alquiler de los locales comerciales de la Avenida Alvear, tanto de Richiardi como de Paul Baker. Hasta el momento, las investigaciones no pudieron encontrar el vínculo existente entre Flores y el dueño real de las joyerías. De todas maneras, la UIF fue por el verdadero dueño detrás del testaferro.

Ante semejante panorama, la Unidad de Información Financiera solicitó a la justicia una orden de allanamiento de los locales. El juez Ariel Lijo la autorizó y fue llevada a cabo el 16 de febrero de este año.

Richiardi y Baker fueron allanadas por la Gendarmería, junto con la joyería El Lingote, ubicada en Rosario, además del domicilio de Juan Carlos Álvares, un joyero minorista socio de Tony Ricciardi y denunciado por la quiebra del Club Rosario Central. En los allanamientos, la UIF decomisó, entre otros elementos, computadoras, facturas C a nombre del monotributista Flores, tickets de depósito bancario del banco HSBC, y hasta un recibo sin número a nombre de “Benzadón, Brian” por la compra de un “guardabarros izquierdo para un Porsche Cayenne”.

Rápidamente la UIF entendió que el apellido Benzadón se encontraba detrás de la marca Richiardi y tras una profundización del análisis de las pruebas incautadas en los allanamientos comprobó que Tony Ricciardi es, en realidad, Tony Benzadón –el hombre que los atendió en la visita a la joyería– y que posee registradas a su nombre desde el 12 de octubre del 2005 (un año antes de la quiebra de la antigua Ricciardi), las marcas Ricciardi y Richiardi.

El nombre completo de Benzadón es Jeffrey Alberto Benzadón, de 46 años, nacionalidad estadounidense y domicilio en Alvear 1572 (o sea, donde funciona Richiardi).

La UIF lo señaló como el propietario del negocio y descubrió que Brian Benzadón es su hijo, y que está a cargo de la otra joyería, Paul Baker. Tras seguir la pista, la UIF confirmó que Benzadón está casado con la hermana de Juan Carlos Álvares, el nexo en Rosario al que le fue allanado su domicilio y que está denunciado por estafar a Rosario Central, junto con Benzadón (ver aparte). De esta forma, la UIF cerró el círculo de la historia y decidió aplicar las multas de $ 200 mil a Richiardi y Paul Baker.

De ahora en más, la investigación seguirá la pista de la usurpación de la marca. Según pudo saber Tiempo Argentino, la familia Ricciardi recién se habría percatado del ilícito cuando la UIF empezó los allanamientos y estaría trabajando en acciones legales. Como nunca hubo reportes al fisco ni de Richiardi ni de Paul Baker, no se puede estimar cuánta fortuna amasaron en los últimos años. El dato saldrá en pocos días del análisis de las computadoras decomisadas en los allanamientos.<

El negocio

U$S 17 mil. “Compramos brillantes, hasta 17.000 dólares el quilate”, publicita la web de Richiardi. Demasiado dinero para una empresa “monotributista”.

Ricciardi: fama y una historia oscura

Fundada por Luis Ricciardi hace ya más de 80 años, la joyería se codeó siempre con la crema de la élite porteña, y fue la elegida por famosos de la talla de Marlene Dietrich, Indira Ghandi, Frank Sinatra, Sofía Loren, Henry Ford, Charles de Gaulle, Frank y Barbara Sinatra, Nat “King” Cole y Luciano Pavarotti, entre otros. Hasta los reyes de España entraron a la joyería.

Hace ya varios años que recibió el apoyo de rostros reconocidos en los medios de comunicación masivos: ingresando en los sitios de Internet de Richiardi y Paul Baker, y haciendo click en la solapa de “Quienes Somos”, aparecen sendos videos ,de Mirtha Legrand, en el caso de Richiardi; y de Gerardo Sofovich, quien dice que Paul Baker es su “amigo”.

Ubicada originalmente en Cerrito al 300, al lado del Jockey Club, desde la década del 40 funcionó en la tradicional esquina de Marcelo T. de Alver y Florida, donde está emplazado el Marriot Plaza Hotel.

En 1977, Uber Ricciardi, hijo de Luis, se hizo cargo de la joyería. En 1998 perdió un juicio por alimentos entablado por su ex esposa, María Cristina de la Arena. Pese a tratarse del dueño de las más prestigiosas joyerías del país, Uber dejó de abonar la cuota alimentaria a su mujer y su hijo, Uber Alejo, en 1984, bajo el argumento de que no disponía de dinero. La Sala I de la Cámara Criminal demostró que Uber Ricciardi había nombrado testaferros en diversos inmuebles, además de transferir la parte mayoritaria de la joyería a su mujer de entonces, y a dos sociedades off-shore: la International Valores SA, de Uruguay, y Parisan Investments SA, de Panamá. Ante esas pruebas, lo condenó a dos años de prisión en suspenso por el delito de “insolvencia fraudulenta” y a pagar U$S 30 mil por daño moral a su hijo.

Actualmente, los Benzadón, la familia sucesora, en principio ilegalmente, continúan un accionar histórico, plagado de irregularidades.

Fuente: Tiempo Argentino