Impulsan en Brasil una amnistía fiscal para quienes quieran repatriar capitales
El senador Delcídio Amaral, del Partido de los Trabajadores, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado y autor del proyecto de ley que establece criterios para la repatriación de recursos de brasileños en el exterior y no declarados al Fisco, prevé que la propuesta se aprobará en el Senado y se enviará a Diputados al final del primer semestre del año.
El proyecto, llamado “Ciudadanía Fiscal”, prevé una amnistía penal para los brasileños que enviaron recursos afuera del país ilegalmente y garantiza alícuotas más bajas del Impuesto de Renta a quiénes promuevan la repatriación de esos activos.
Como presidente de la CAE, Amaral tendrá que designar a un nuevo relator que lleve adelante el proyecto. El anterior, Garibaldi Alves Filho, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, fue reelecto para un nuevo mandato, pero pidió licencia para ejercer el cargo de ministro de Previsión Social. El nuevo relator deberá pertenecer a la alianza gubernamental para evitar que se haga una nueva negociación. Es que un nuevo relator podría comenzar a examinar el proyecto desde cero, pero la intención de Amaral es intentar mantener el parecer de Alves Filho, que fue negociado con el gobierno durante dos años.
El proyecto se leyó en la CAE el pasado 14 de diciembre, pero no se votó porque hubo un pedido de vista colectiva, con el objetivo de que los senadores lo analizaran mejor.
El proyecto generó polémica desde que comenzó a discutirse en 2005, cuando el diputado José Mentor, del PT, propuso un proyecto similar en Diputados. El parecer de Alves aumenta aún más la temperatura de la discusión al ampliar el rol de los posibles amnistiados.
La propuesta original de Amaral señalaba que quién repatriara recursos provenientes de crímenes contra el orden tributario, contra el sistema financiero nacional, contra la Previsión Social o del crimen de malversación tenía derecho a la amnistía penal y a la reducción de alícuotas del Impuesto de Renta de 27,5% a 5%, sin multa ni intereses. Si el bien no se repatriara, pero se declarase, el porcentaje sería de 10%.
La propuesta de Alves retiró del texto del proyecto el rol de crímenes sujetos a la amnistía y agregó un párrafo más, que prevé que los beneficios de la ley alcancen el patrimonio de la persona física o jurídica, “independientemente de la clasificación de los bienes y derechos, de su localización, de su condición jurídica, de nacionalidad de la fuente, de origen y de forma de su percepción”.
Una fuente que acompaña el trámite de la propuesta, pero que prefirió no identificarse, dijo que si el artículo se aprueba, “todas las personas que responden actualmente a investigaciones y procesos criminales por mantener dinero fuera del país serían automáticamente amnistiadas”.
El paraguas legal incluiría a los investigados por una parte considerable de operaciones de la Policía Federal en los últimos años. “El artículo termina con cualquier propuesta de buen sentido sobre ese proyecto”, dijo la misma fuente, para quien la propuesta “legaliza el lavado de dinero en Brasil”.
La aprobación del proyecto es una de las prioridades del presidente de la CAE, que fue reelecto y asumió el comando de la comisión en febrero, por indicación de su partido. Senadores afirmaron que el sector empresario tiene interés en la aprobación de la iniciativa. “Los empresarios están actuando, pero se trata de un lobby sutil”, dijo un legislador oficialista.
El sitio “Repatriar.com.br” es un ejemplo. Elaborado con la participación del estudio Leite, Tosto y Barros Abogados -que actúa en la defensa del diputado Paulo Maluf, del Partido Progresista-, presenta las propuestas en trámite en el Congreso y textos sobre iniciativas similares en otros países. Según Mauricio Leite, socio del estudio, el proyecto, en caso de aprobarse, aportará grandes beneficios, porque aumentará la base de recaudación en Brasil. Se estima que entre u$s 50.000 millones y u$s 100.000 millones están fuera del país a través de la evasión de divisas. Sin embargo, otros creen que el valor es mucho mayor y calculan más de u$s 200.000 millones no declarados.
(El Cronista)