Italia suma otro recorte y los sindicatos amenazan con una huelga general

El gabinete italiano se reunió hoy para aprobar una legislación de emergencia que reduce el gasto estatal y recorta puestos del sector público, dando pie a un enfrentamiento con los sindicatos que han amenazado con una huelga general nacional.

El paquete reducirá los gastos en salud, recortará el financiamiento a las autoridades locales y disminuirá gradualmente en un 10% el número de trabajadores del sector público y en un 20% los gerentes estatales, de acuerdo con un borrador del plan obtenido por Reuters.

El Gobierno está llevando adelante estos recortes para evitar la necesidad de elevar en dos puntos porcentuales los impuestos a las ventas, lo que de otra manera se vería obligado a establecer en octubre, y financiar la ayuda de emergencia para los afectados por un sismo en la región de Emilia Romagna.

Si Monti tiene éxito con los recortes, de unos 5.000 millones de euros para este año, éstos también reforzarán las finanzas públicas en medio de preocupaciones de que Italia tenga problemas para reducir su déficit presupuestario.

El déficit en el primer trimestre se situó en un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) comparado con el 7% en el mismo período del año pasado y el más alto desde el comienzo del 2009.

Los sindicatos de trabajadores, que se oponen con firmeza a la reforma de Monti del mercado laborar aprobada por el Parlamento el mes pasado, se resisten a los recortes de empleo en el sector público y el Partido Democrático (PD), de centroizquierda, también ha expresado recelos respecto del paquete.

Monti, sin embargo, parece decidido a seguir adelante animado por una cumbre de la Unión Europea donde consiguió apoyo a una propuesta que busca utilizar los fondos de rescate de la región para potencialmente contener los costos de endeudamiento de Italia.

Al presentar el paquete como un decreto, Monti dejará poco espacio a los partidos para corregir y suavizar las medidas. El decreto entra en vigencia de inmediato, pero debe ser aprobado por el Parlamento en un plazo de 60 días o expirará.

Fuente: El Cronista