PREVISIONAL

La Corte intervendrá en el conflicto por reclamo previsional de Córdoba a la Nación

La Corte Suprema de Justicia convocará a representantes de la Nación y la provincia de Córdoba a una audiencia de conciliación, atendiendo el reclamo que el gobernador José Manuel de la Sota hiciera por una suma superior a los mil millones de pesos en concepto de deuda previsional.

Los recursos reclamados por el mandatario cordobés corresponden a un convenio de armonización previsional de 2009 por el que la Nación se comprometió a entregarle a la provincia 1.652 millones de pesos, pero que, de acuerdo con la postura provincial, acumuló retrasos por 1.039 millones.

De la Sota había presentado la demanda contra la Nación hace quince días, por considerar que la provincia estaba siendo sometida a un trato "discriminatorio" ya que, sostiene, otras provincias recibieron las sumas correspondientes.

"El Gobierno se comprometió para el 2010 y 2011 a aportarnos unos fondos que a otras provincias no les da, porque transfirieron sus cajas de jubilaciones y nosotros no. Reclamamos que nos den lo mismo que a las que han transferido sus sistemas jubilatorios", había señalado De la Sota.

La demanda ante la Corte fue un paso tomado por el Gobierno cordobés luego de una serie de reclamos realizados a lo largo de 2012, sin que se obtuviera respuesta por parte de la Nación.

En una carta enviada al jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, De la Sota le indicó que "nuestro reclamo es justo y a usted le consta que hemos ofrecido variadas alternativas y plazos, que le permitan al Gobierno devolverle a Córdoba lo que nos pertenece".

La disputa se da en una situación de estrechez financiera en varias provincias, entre ellas Córdoba, cuyas autoridades sostienen que gran parte de esas dificultades se originan en incumplimientos por parte de la Nación.

Córdoba firmó con la Nación convenios de armonización tributaria, debido a las diferencias de criterios entre los sistemas nacional y provincial para establecer las jubilaciones.

Por otra parte, la semana pasada la Legislatura cordobesa aprobó una ley por la que se abandona el Pacto Fiscal, firmado en 1992 y por el que se deduce el 15 por ciento del total de la masa coparticipable para el financiamiento de la ANSES.

Al respecto, el jefe de Gabinete provincial, Oscar González, señaló que después de notificar al resto de las provincias del abandono del Pacto, se intimará al Gobierno nacional y, como última instancia, se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.