La ONU criticó al FMI y al Banco Mundial por impulsar privatización de servicios básicos
La privatización de servicios públicos como salud o educación “acaba con la protección de los derechos humanos y margina a los que viven en situación de pobreza”, según un informe de Naciones Unidas que apunta directamente al Fondo Monetario Internacional ( FMI) y al Banco Mundial por haber promovido este modelo por “ideología”.
El documento, firmado por el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, asegura que se está dando un “tsunami de privatizaciones” en servicios básicos como la justicia, los sistemas de prisiones, la educación o la salud, políticas que “no pueden hacerse a expensas de tirar por la ventana el sistema de protección social”.
El funcionario indica que “aunque en teoría la privatización no es ni buena ni mala”, su objetivo prioritario es “el beneficio económico, con lo que consideraciones como la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano”.
El informe de Naciones Unidas apunta directamente al Banco Mundial y al FMI por “haber promovido agresivamente la privatización de servicios básicos sin que se vean recompensados los derechos de las personas y los más pobres”.
En 2015, el Banco Mundial promovió la idea de aumentar la financiación del sector privado “de miles de millones a billones de dólares” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, ya en 2017, anunció su enfoque para maximizar el financiamiento para el desarrollo en el que “se da prioridad a la financiación privada y a las soluciones sostenibles del sector privado”.
A juicio de Alston, estas políticas, que “se presentan como una solución técnica” para algunos servicios, responden en realidad a una “ideología” que “devalúa los bienes públicos” y que, según la ONU, son “esenciales para una sociedad decente”.
“Mientras que los defensores de la privatización insisten en que ahorra dinero, es eficiente o que mejora los servicios, la realidad evidencia que muchas veces contradice sus propias justificaciones”, aseguró el relator especial. Además de la eficiencia, el informe apunta que este modelo busca el “rédito económico” y que eso deriva, en cambio, en su intención de “minimizar el tiempo por cliente o paciente, pago de cuotas o ahorrar en recursos”.
“Nada puede sustituir al sector público a la hora de coordinar las políticas y los programas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos”, asegura Alston, para quien la privatización “menoscaba directamente la viabilidad del sector público y reorienta fondos públicos hacia las subvenciones y las ventajas fiscales para los agentes empresariales”.
Altston también señala que las políticas económicas neoliberales tienen por objeto reducir el papel del Estado, especialmente por medio de la privatización. Y agrega que desde los años ochenta, el neoliberalismo se ha esforzado con gran éxito por deslegitimar la tributación.
"El auge de la privatización no ha hecho más que reforzar esta tendencia. A medida que las empresas van adquiriendo mayor poder político, ejercen una presión mayor para que se reduzcan los impuestos de sociedades, se amplíen las desgravaciones o exenciones fiscales y aumenten los resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos. Estas medidas, a su vez, hacen que las administraciones públicas padezcan un grave déficit de financiación y que su capacidad para prestar servicios públicos y para regular, vigilar, mejorar y, cuando sea necesario, complementar las actividades del sector privado relacionadas con el bien público se vea sumamente limitada", comenta en el informe.
El funcionario indica que “aunque en teoría la privatización no es ni buena ni mala”, su objetivo prioritario es “el beneficio económico, con lo que consideraciones como la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano”.
“Nada puede sustituir al sector público a la hora de coordinar las políticas y los programas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos”, asegura Alston, para quien la privatización “menoscaba directamente la viabilidad del sector público y reorienta fondos públicos hacia las subvenciones y las ventajas fiscales para los agentes empresariales”.
Fuente: Diario BAE