La multinacional Impregilo bajó del Ciadi una demanda contra la Argentina
El procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, alcanzó un acuerdo con la empresa italiana Impregilo Spa, luego de dos años de litigios, por lo que la compañía desistió de continuar una demanda contra el Estado Nacional y la provincia de Córdoba ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Impregilo, multinacional de origen italiano, alegaba haber invertido aproximadamente 130 millones de dólares y reclamaba por ese monto. Sin embargo, Da Rocha y un representante de la empresa, Guillermo Díaz, suscribieron el acuerdo por el cual la compañía dio por finalizado el arbitraje.
El proceso estaba suspendido desde octubre de 2009, porque la deuda se encontraba en proceso de renegociación.
A la firma asistió también el ministro de Obras Públicas de Córdoba, Hugo Testa, quien tuvo una activa participación en la implementación del acuerdo que se alcanzó con la concesionaria.
El entendimiento se logró gracias a que el 3 de febrero pasado la provincia de Córdoba e Impregilo firmaron el Convenio de Compra-venta de Acciones y Restructuración de Pasivos por parte del Estado provincial.
"El Estado Nacional, por intermedio de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, emitió la autorización para el endeudamiento de la provincia de Córdoba, a los efectos de la adquisición de acciones de la concesionaria y la garantía para la reestructuración del pasivo de la concesionaria", explica la Procuración, en un comunicado.
Impregilo había demandado al Estado en septiembre de 2008 por reclamos tarifarios y la pesificación, en el marco del contrato de concesión que la provincia de Córdoba le había adjudicado para la construcción y el mejoramiento de una red de caminos.
La adjudicación fue a la compañía Caminos de las Sierras S.A. (Casisa), propiedad de la empresa italiana, que alegaba haber invertido aproximadamente u$s 130 millones.
"El desistimiento de la demanda se suma a otras millonarias resoluciones a favor del Estado Nacional que la Procuración del Tesoro logró en los últimos tiempos en el Ciadi", sostiene la Procuración.
A fines de julio, un Comité del Ciadi anuló definitivamente el laudo por el cual se había condenado al país a pagar u$s 106,2 millones a las empresas Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets L.P.
Una decisión en el mismo sentido había tomado en junio al anular totalmente la condena por 128 millones de dólares a favor de la compañía norteamericana Sempra Energy International.
Explican que en ambos casos el Comité de Anulación reconoció que los árbitros se habían apartado de la aplicación de una norma del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) que establece el “Estado de Necesidad” como causal para poder apartarse del acuerdo original.
Eso sucedió en el 2001, cuando la Argentina se encontraba en profunda crisis y por ello es que "se vio obligada a apartarse de reglas generales en pos del bien común", asegura el comunicado. Esa situación hoy se advierte en gran parte del mundo como producto del impacto de la crisis económica internacional que golpeo al sector financiero durante 2009.