Los griegos estarán obligados al pago de un “impuesto solidario”

El programa de ahorro y ajuste impuesto a Grecia por la troika que conforman la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), y aceptado ayer por el gobierno socialista de Georgios Papandreu, es digno de ser comparado con el que soportaron los países periféricos a finales del siglo pasado y principios del actual.

Con la excusa de que Grecia salga de la crisis de endeudamiento que padece, la mayoría de griegos tendrá que pagar durante los próximos cuatro años un “impuesto de solidaridad”, tal el eufemismo utilizado para describir un brutal recorte de los sueldos, beneficios sociales y aumento de impuestos.

Las medidas que fueron elaboradas por el gobierno en conjunto con los organismos internacionales, y que serán enviadas el fin de semana al Parlamento, contemplan un aumento del 10% a la tasa de circulación (gravamen sobre los vehículos), una tasa adicional de entre 100 y 300 euros al año para los trabajadores autónomos, y un aumento del 5% para el impuesto al combustible de calefacción. Además, una parte de los sueldos que superen los 1700 euros se verán recortados un 10%, y los pagos suplementarios de los empleados públicos serán eliminados por completo.

El gobierno prevé además reducir drásticamente la cifra de empleados públicos al cerrar numerosas instituciones estatales. Se habla de entre 70 y 75, entre ellas algunas tan particulares como la de la “potenciación del desarrollo”, una dependencia que, a esta altura, suena a broma de mal gusto. Estos empleados, en caso de que puedan ser derivados a otras empresas estatales, serán reubicados, de lo contrario, tras pasar el “período de reserva”, que dura 12 meses, serán despedidos. Durante ese lapso cobrarán el 60%. La medida no afecta al personal jerárquico.

Atenas ya impuso una cuota de contratación pública: por cada diez empleados públicos que se jubilen, sólo se contratará a uno nuevo. Durante los próximos cinco años se podría llegar a imponer una prohibición total de las contrataciones públicas. El objetivo del gobierno es reducir la cifra de empleados públicos durante los próximos años en 150 mil en relación a las cifras de 2009. En la actualidad hay unos 700 mil empleados directos y unos 300 mil indirectos a través de las denominadas empresas estatales, como la compañía de electricidad (DEI). Grecia tiene una población de 11,3 millones de personas.

Atenas tiene que conseguir ahorrar casi 6500 millones de euros antes de que concluya el año para que el déficit del PBI baje del 10,5 al 7,5%, que se suma al impopular conjunto de medidas de austeridad y privatizaciones por valor de 78 mil millones de euros para los próximos cuatro años.

El nuevo programa de ajuste tiene que ser aprobado la próxima semana en el Parlamento como requisito para seguir recibiendo ayudas de la UE. Grecia precisa del próximo tramo de las ayudas, de 12 mil millones de euros, procedentes del plan de rescate aprobado en 2010 para principios de julio. De lo contrario a mediados del mes que viene no podrá hacer frente a los pagos de la deuda.

(Tiempo Argentino)