Los principales cambios en el sistema de ART

El licenciado en Relaciones Laborales, abogado y magister en Ciencias Sociales del Trabajo, Eduardo Schiel, analizó las modificaciones en la ART propuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado hoy por el Gobierno nacional, que ya trajo algunas críticas por parte del sector sindical.

Si bien el especialista indicó que “la modificación en torno a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) tiene aspectos positivos y otros que no lo son” es una discusión que “se da cada cuatro, cinco y seis años porque termina siendo muy difícil frenar la litigiosidad laboral como pretenden los gobiernos”.

“A priori, es curioso el decreto porque el poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley con estas modificaciones, el Senado lo aprobó en octubre y antes de que sea debatido en Diputados se saca por decreto. Es, como mínimo, una desprolijidad porque no hubo cambios contextuales desde que se aprobó la medida y ahora. Hay un apuro que no se entiende y eso es sospechoso”, apuntó.

Además, consideró importante “señalar que la aplicación de la norma está suspendida por dos puntos muy específicos, al menos de momento”. Primero debe ser “ratificado por la comisión bicameral para los DNU” y también que, salvo en Capital Federal, la modificación “va a estar operativa si las jurisdicciones provinciales adhieren a este sistema”. “Es decir que por el momento hasta que eso se resuelva no va a haber cambios”, explicó.

Las modificaciones de la ley. Puntualmente sobre los lineamientos de la modificación, indicó que “hay un cambio importante relacionado a las competencias”. “Ahora se establece el domicilio del trabajador o del empleador. Es decir que si un trabajador tenía un accidente en Lomas de Zamora podía interponer la acción en Capital Federal por el domicilio de la ART. Esto deja de tener funcionalidad y con esta modificación el trabajador deberá asistir a los tribunales de Lomas de Zamora”, ejemplificó.

Por otra parte, precisó que la medida “establece una modificación en los honorarios”. De esta forma los mismos van a ser en función de la “labor realizada y no del monto de demanda”. “Este es un punto en el que va a haber muchas controversias judiciales. Recordemos que el principal objetivo es reducir la ligitiosidad laboral y si se generan baches procesales más que reducirla, puede incentivarla”, advirtió Schiel.

Se dispone, además, “la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales” como “la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente” que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.

“Esta instancia de momento no la veo negativa porque exigir que se agote una instancia administrativa previo al juicio no violenta el derecho al acceso a la jurisdicción aunque seguramente haya distintas opiniones en este tema. Supongamos que la comisión médica dice 3 por ciento de discapacidad y el trabajador considera un 5, inmediatamente puede recurrir a la Justicia pero no va a poder hacerlo sin pasar por esa instancia previa. También dice que va a haber intervención letrada y eso es bueno porque no le va a poder cobrar al trabajador”, explicó el también magister en Ciencias Sociales del Trabajo.

Por otra parte, se establecen modificaciones en el período de “Incapacidad Laboral Temporaria ILT”. Antes el período era siempre de un año de corrido y con la modificación pasan a ser de dos y alternados. “Esto tiene alguna desprolijidades porque se debería haber establecido una suerte de caso de caducidad porque puede haber un trabajador que luego de varios años tener una recaída sobre ese accidente y va a pretender percibir haberes por ILT y habría que preguntarse cómo quedaría esa situación con un eventual nuevo empleador”, opinó.

Otro cambio que es nuevo con respecto al proyecto de ley es la “determinación del ingreso base”. En este sentido, el especialista indicó: “Anteriormente se había establecido un mecanismo para corroborar el ingreso base con algunas deficiencias técnicas porque no aclaraba si era sobre remuneraciones percibidas o devengadas. Actualmente se van a tomar todas las remuneraciones devengadas con un criterio del concepto de remuneración amplio. Vale decir que uchos de los conceptos no remunerativos ingresan la base para la determinación de las indemnizaciones y esto es un cambio importante que va a dar mucho debate, porque por ejemplo los no remunerativos de los convenios colectivos de trabajo, algunos viáticos y otros conceptos que la justicia empezó a considerar como remunerativos van a integrar la base de cálculo de la indemnización”.

Por último, destacó que se aclara perfectamente que el listado de enfermedades profesionales y la tabla de valuación de incapacidades es la del sistema de riesgo del trabajo.

¿Frenar la judicialidad? Luego de realizar un análisis total de las modificaciones, el abogado laboralista reflexionó sobre si con estas medidas se va a “frenar la judicialidad” como pretende el Gobierno. “Desde el año 1988 vengo escuchando hablar de la mal llamada ‘industria del juicio’ y se han introducido muchísimas modificaciones para frenarlo pero ninguna ha resultado. ¿Esta modificación va a poder hacerlo? Por el momento creo que no, habrá que ver qué sucede”, reflexionó.

“De todas formas es muy grosero utilizar un DNU para una medida así. Es una burla al Congreso porque no ha habido cambios de contexto para que lo que antes se podía tratar por ley sea impuesto así. Hay un apuro que invita a pensar mal”, finalizó.

Indicó que en términos generales las modificaciones tiene cambios correctos y otros que no lo son. “Es bueno que el período de ILT pase de 1 a 2 años, pero es desprolijo que no se aclare sobre los intervalos de alta o con los períodos de transitoriedad; esto del “autoseguro médico provincial” no me convence, mientras que las cuestiones de competencia creo que no tienen nada desprolijo y más en este momento en el que los litigios van a la justicia de Capital Federal amparándose por los domicilios de la ART generando un colapso en el sistema. Que se libere a jurisdicciones provinciales no lo veo mal. Lo cierto es que se abre una etapa de muchísimo debate y hay que esperar ciertas reglamentaciones. Sea como eea, la situación no se termina acá y es probable que en unos años volvamos a discutir sobre este tema”, finalizó.

Fuente: Info Región