Productores bonaerense buscan que se declare la incostitucionalidad del revalúo rural

Por lo menos un centenar de productores pedirán directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que declare la inconstitucionalidad del último revalúo de tierras decretado por el gobernador Daniel Scioli y el aumento del impuesto inmobiliario rural convalidado en la Legislatura.

Hay productores que, de manera particular, están a punto de realizar una presentación directa ante la Corte provincial reclamando la inconstitucionalidad.

Pero muchos otros ruralistas le encargaron a Juan Pedro Merbilhaa, ex presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y actual asesor jurídico de la entidad, la elaboración de una demanda especial a raíz de charlas que estuvo dando en diversas sociedades rurales del interior.

En total, entre los reclamos que van a canalizar particulares y los que tienen la autoría de Merbilhaa, serían casi 100 los productores que recurrirán al máximo tribunal provincial, según diversas fuentes del sector.

"El estudio ya tiene preparado un tipo de demanda que se llama acción de declaración de inconstitucionalidad, que está regulada en el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires y se ejerce directamente ante la Suprema Corte de Justicia provincial por vía originaria y en instancia única", expresó Merbilhaa.

Según publicó La Nación, el asesor jurídico y ex presidente de Carbap señaló que las acciones judiciales, cuyas presentaciones son inminentes, se van a agrupar en conjuntos de entre dos y cinco productores por demanda para que el total de juicios no sea tan numeroso como el total de demandantes.

"Esos juicios, que se harán en grupos conjuntos llamados procesalmente litis consorcios, no obstante esa forma de plantearse representan acciones individuales, ya que cada integrante de esos litis consorcios en verdad plantea su demanda con alcance y efectos individuales", explicó el especialista, cuyo estudio jurídico es autor de esas demandas y quien las llevará adelante.

Ese tipo especial de acción ante la Corte bonaerense tiene un plazo de caducidad que vence el 29 del actual. Eso es así porque esta clase de demanda se debe hacer una vez que se haya producido el efecto de la norma decretada o sancionada.

En rigor, esto último ocurrió con las partidas que comenzaron a llegar con el incremento en el inmobiliario.

"Esto [por la acción judicial] surgió a pedido de productores y sociedades rurales que me convocaron a dar charlas de asesoramiento.Fueron unas quince en distintos lugares con una gran asistencia de interesados que luego han tomado libremente la decisión de iniciar o no sus juicios a través de nuestro estudio o con la asistencia de otros colegas", afirmó.

Fuente: Infocampo