Renatea relevó a 2700 trabajadores agrarios en la provincia de Buenos Aires en 12 meses
Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 la Delegación provincia de Buenos Aires efectivizó 162 fiscalizaciones que dejaron como saldo 2.700 trabajadores agrarios relevados, 1.756 registrados y la recepción de 40 denuncias de los mismos trabajadores.
Las producciones avícolas y hortícolas concentraron la mayor cantidad de fiscalizaciones debido a su importancia en cantidad de trabajadores agrarios empleados.
“La provincia de Buenos Aires tiene una extensión territorial enorme con una gran cantidad de trabajadores divididos en numerosas producciones. Por eso tuvimos que desarrollar una estructura territorial acorde a esa demanda con una Unidad Territorial por cada sección electoral más dos Unidades de Gestión Local y la Delegación de La Plata” explicó el Director General del registro, Ing. Guillermo Martini.
Si bien en algunos casos las fiscalizaciones hallaron condiciones laborales enmarcadas en lo que exige la ley 26.727 que regula el trabajo agrario en nuestro país, en otros casos sus incumplimientos flagrantes derivaron en denuncias penales ante la presunción de reducción a la servidumbre o trabajo infantil.
Una reciente fiscalización en Cañuelas culminó con el procesamiento con prisión preventiva al dueño de la finca donde se detectaron situaciones que configurarían el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. El RENATEA encontró un trabajador viviendo en un colectivo abandonado rodeado de agroquímicos sin acceso a agua potable ni electricidad.
En Lobería 8 trabajadores dormían en un tráiler sin acceso a agua potable, electricidad o calefacción. El mismo empleador fue fiscalizado en tres oportunidades a partir de las denuncias que realizaron los trabajadores.
Martini señaló que “el ex RENATRE recibía 15 denuncias por año. Nuestra gestión recibe entre 15 y 25 por día. Los trabajadores agrarios lograron visualizar que ahora hay un Estado que los contiene y protege”.
El RENATEA cuenta con poder policía para ingresar a fiscalizar en campos y fincas. Aunque su incumbencia se circunscribe a la verificación del registro de relaciones laborales, es obligación de cualquier funcionario público realizar la correspondiente denuncia al detectar situaciones que configuren la presunción de delitos como el trabajo infantil o trata laboral.