Santa Cruz avanza con su propio régimen de promoción industrial
El gobierno de Daniel Peralta parece decidido a cambiar la matriz de la administración pública como principal empleador y motor de la economía santacruceña. "El modelo del empleo público está agotado", afirmó en la última semana a la hora de anunciar la reglamentación de la ley de promoción industrial, que promete promociones ventajosas para las empresas que se quieran instalar en Santa Cruz.
El dato no es menor, si se considera que el Estado provincial paga más de 42.000 salarios de los 200.000 habitantes de Santa Cruz, relación que Peralta promueve cambiar.
En su discurso, el gobernador resaltó el desarrollo de proyectos como la obra para garantizar la interconexión del sistema eléctrico a la Nación, la usina a carbón en construcción en Río Turbio y la reciente preadjudicación para la construcción de dos represas hidroeléctricas, Condor Cliff y La Barrancosa.
Según fuentes oficiales, en la actualidad hay cerca de un centenar de pedidos y propuestas de empresas de todo el país con intenciones de instalar sus proyectos en la provincia, en las áreas de servicios, hidrocarburífera, pesquera y agropecuaria. La ley podrá alcanzar con sus beneficios a las nuevas empresas que se instalen desde su sanción y también a las que ya se encuentran radicadas y quieran ampliar su producción o sus instalaciones.
Entre los beneficios más destacados, la provincia promete una devolución de hasta el 40% de la inversión realizada, dentro de los primeros cuatro años desde que se inicie la producción en la planta, un plazo de 10 a 15 años de exención de impuestos provinciales, un subsidio de hasta el 50% en suministros básicos y un aporte no reintegrable por el uso de mano de obra santacruceña.
Este último beneficio premiará no sólo el empleo de mano de obra local, sino también la elección de los postulantes más jóvenes. Su aplicación incluirá el pago de un módulo a las empresas que garanticen el empleo, tomando como referencia el valor del precio del gasoil en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) de Río Gallegos (1 litro = $ 2,949). Si fuera la primera experiencia laboral de un trabajador, el gobierno pagaría $ 1769; si se tratara de un joven de entre 18 y 25 años, $ 1474, y por mano de obra local, el Estado aportaría $ 1179.
Ventajas
Entre otras ventajas que se enumeran en la ley, se propone la cesión del uso de tierras para la radicación de industrias, el otorgamiento de un préstamo de fomento de inversión, facilidades para la locación de muebles e inmuebles del Estado y la entrega de aportes no reintegrables por el uso de puertos santacruceños.
"Necesitamos trabajar muy fuerte para que el empresariado del país mire a Santa Cruz de una manera distinta. Ahora tenemos algo para ofrecer; hasta hace poco, no teníamos nada", aseguró el gobernador Peralta, ante un auditorio integrado por funcionarios y empresarios.
Al hablar sobre el modelo del empleo público agotado en la provincia, Peralta aclaró que no resigna "el rol orientador del sector público en Santa Cruz, porque en nuestra concepción política y filosófica está el Estado como eje central y vertebral". Y aclaró que el Estado deberá "responder al crecimiento armónico con el sector privado. No queremos un Estado que tome gente por tomar", señaló.
Por su parte, el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, explicó a LA NACION que los proyectos que se presenten deberán ser "reales". "A diferencia de otras provincias, no estamos buscando un crecimiento industrial artificial, sino que se fabriquen los insumos que nuestra actividad económica requiere." El funcionario, además, aclaró que la seriedad de las empresas que se acerquen "se garantizará a través de los informes, de los organismos provinciales y nacionales, que a tal efecto tienen sus misiones y funciones para controlar".
Proyecto cuestionado
Si bien Alvarez aclaró que recién en la última semana se abrió la convocatoria concreta para las empresas que quieran instalarse en Santa Cruz, ya se presentó un proyecto que fue publicitado como el de una empresa que se acercó a la provincia seducida por el régimen de promoción industrial. Se trata de la construcción de una refinería petrolera en las cercanías de Río Gallegos por parte de la firma Patagonia Energética SA, que promete una inversión de 24 millones dólares y que procesará 23.000 metros cúbicos al mes. La iniciativa ya generó un pedido de informes del diputado radical Omar Hallar.
La firma conformó una Unión Transitoria de Empresas junto con la compañía estatal Fomicruz, con un acuerdo que establece que el porcentaje de participación estatal sería del 8 por ciento. La provincia realizó gestiones ante el gobierno nacional para que le ceda un predio de 15 hectáreas lindero al oleoducto y al puerto de Punta Loyola.
Hallar cuestionó que no constan antecedentes de Patagonia Energética -ni de sus socios- en materia de refinación de hidrocarburos ni en ningún otro campo que tenga que ver con la actividad petrolera, y pidió que la provincia identifique quiénes son los aportantes de los 24 millones de dólares, ya que la empresa se constituyó con un capital de 80.000 pesos hace sólo dos años.
Desde el gobierno, deslindaron responsabilidades y sostienen que las inversiones son responsabilidad de la empresa, y aseguraron que ya llevan invertidos cinco millones de dólares en las obras de la refinería.
(La Nacion)