Shell no bajó los precios de los combustibles y fue a la Justicia
La presidenta de la Federación de Expendedores de Combustibles de la República Argentina (FECRA), Rosario Sica, informó que ninguna empresa del sector modificó sus valores de expendio de los subproductos petroleros que comercializan y desde la propia Shell se precisó que tampoco esa refinadora, que sería en definitiva la única que debería hacerlo, tenía en marcha implementar corrección alguna en su red de bandera.
Pese a la publicación en el Boletín Oficial del martes último de una disposición específica del Gobierno nacional resolviendo aplicar la Ley de Abastecimiento 20.680 con retroactividad al 31 de julio último, en la FECRA comentaron que la inflexible política de precios de la refinadora angloholandesa está apoyada en el endeble sustento legal del artículo 2º de la citada legislación.
En horas de la tarde, y siempre con relación al dictado de la resolución SCI 295/2010, Shell Argentina informó que en el día de ayer presentó un recurso administrativo ante las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior e interpuso además una medida cautelar ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, solicitando la suspensión de la aplicación de dicha resolución atento a su ilegitimidad y a que contraviene el ordenamiento legal vigente en el sector, establecido por normas de mayor jerarquía.
En su comunicación, Shell hizo notar que atento “al carácter urgente de nuestro requerimiento, aguardamos para el día de mañana (por hoy) una resolución judicial, a partir de la cual adoptaremos las medidas que correspondan”.
El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles de Buenos Aires, Luis Malchiodi, afirmó por su lado que por el momento “no hubo ninguna baja” en el precio de las naftas y del gasoil porque, a su criterio, “la discusión es por unas pocas monedas que ni siquiera llegan a los 5 centavos”.
Tampoco los inspectores de Comercio Interior ganaron en definitiva la calle para realizar las anunciadas inspecciones de estaciones de servicio que no tienen, a juicio de las entidades que agrupan a los expendedores, mayor racionalidad ni justificación porque las autoridades de la Secretaría de Energía disponen de toda la información necesaria referente a los volúmenes de venta de productos, precios e impuestos que informar en declaraciones juradas.
(El Argentino)