Trabajo esclavo: Al menos 70 personas fueron rescatadas en un cortadero de ladrillos
Al menos 70 personas fueron rescatadas y tres personas resultaron detenidas luego de un megaoperativo que se realizó en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación laboral. El lunes, fueron allanados un predio dedicado al cortadero de ladrillos y cinco domicilios particulares entre los que se encontrarían las viviendas de los imputados. Además, un sospechoso tiene orden de detención pero que aún no se presentó a la justicia.
Las víctimas, en su mayoría de nacionalidad argentina y boliviana en situación de vulnerabilidad, contaban con viviendas del tipo rancho detrás de cada cortadero donde vivían junto a sus familias. No tenían baños, el piso era de tierra, los techos eran de chapa, oxidados, sin aberturas y sostenidos con neumáticos, las paredes no tenían ningún tipo de revoque y apenas había algunas ventanas (las pocas que había permitían que se filtrara el frío y el agua en caso de lluvias). Asimismo, no contaban con agua potable (se abastecían con de un pozo) y la instalación de luz eléctrica era inapropiada, con cables en el piso que ponían en riesgo la seguridad.
Las personas explotadas de nacionalidad extranjera carecían de documentación migratoria, eran sometidas a largas jornadas laborales de lunes a lunes, sin francos, feriados, ni vacaciones, ni medidas de seguridad e higiene. Los menores de edad habrían sido los encargados de acomodar los ladrillos en hileras.
En el caso interviene la fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Villa María, Virginia Miguel Carmona.
Por sugerencia de la representante del Ministerio Público, en el operativo también participó la Secretaría de Trata de la Provincia de Córdoba, quienes realizaron la contención y entrevistas a las víctimas y posterior ofrecimiento de alternativas como subsidios y capacitaciones para que puedan desarrollarse libremente en su trabajo.
A partir de las declaraciones, se pudo establecer que cada familia le alquilaba su vivienda a un hombre que sería el encargado de cobrarles un porcentaje de la producción, que obligaba a generar un piso de dinero a cubrir. De esta manera, detallaron que en los meses en los que se frenaban las ventas debían extender sus jornadas laborales al máximo y sin descanso con el fin de satisfacer ese monto mensual. Por otra parte, denunciaron amenazas por parte de los imputados.
A partir de información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se determinó que el predio de aproximadamente 10 hectáreas estaba dedicado a la producción y comercialización de ladrillos cocidos en hornos alimentados a leña y que el lugar era regentado por dos hermanos, quienes cobraban en concepto de locación de parcela a cada productor el 13% de lo producido. El sector que explotaba cada productor poseía la característica de vivienda familiar y se encontraban contiguas al horno. Estas fracciones estaban habitadas por grupos de familias argentinas y bolivianas integradas por un jefe de hogar (productor), esposa e hijos.
También, se descubrió que existirían intermediarios entre los hermanos y los trabajadores de los hornos de ladrillos. Esos mediadores habrían tenido la tarea de administrar el cumplimiento de las pautas laborales de producción, entregar la comisión y comercializar el resto del dinero, pagar a los trabajadores importes mínimos en efectivo, descontar alimentos y medicamentos que ellos mismos le habrían suministrado.
Por otro lado, los datos personales obtenidos de la base de datos de AFIP sobre los hermanos no coincide con el consumo familiar declarado por uno de los imputados.
El caso se inició a partir de un oficio de la Fiscalía, a raíz de una noticia publicada en un periódico local donde surgía que de un relevamiento realizado por delegados de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) surgían indicios de la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en el lugar.
Como consecuencia, se encomendó la investigación a la delegación local de Policía Federal Argentina que aportó datos que reforzaron la hipótesis de la dependencia del Ministerio Público. Con el avance de la investigación, la fiscal Carmona solicitó las órdenes de allanamiento con la colaboración de distintos organismos estatales debido a las dimensiones del predio y a las posibles víctimas.
Del operativo participaron el Ministerio de Trabajo de la Nación, Acción social de la municipalidad de Villa María, Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas del gobierno de la provincia de Córdoba. También, intervinieron inspectores de la AFIP por los presuntos incumplimientos o irregularidades fiscales y, como presuntamente se trataba de víctimas extranjeras, la Fiscalía también convocó a la Dirección Nacional de Migraciones y se avisó al cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia.
Fuentes: Fiscales.gob.ar