AGIP comenzó a investigar las cuentas del Casino Flotante de Puerto Madero

Dos días después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó al gobierno porteño a retomar el control sobre el casino flotante de Puerto Madero, surgieron las primeras definiciones sobre cuál será la estrategia de la administración del PRO con el barco propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López.

Fue la vicejefa de Gobierno electa, María Eugenia Vidal, quien llevó la voz cantante anticipando que el gobierno de Mauricio Macri reclamará a los propietarios del Casino, el pago de 12 años atrasados en concepto de impuestos que la Ciudad no pudo cobrar debido a las controversias surgidas por la jurisdicción sobre el barco.

El martes, el máximo tribunal de justicia del país emitió un fallo dejando sin efecto una medida cautelar de 1999 que le daba a la Nación la jurisdicción sobre el casino flotante, y le devolvió a Macri la posibilidad de ejercer ‘poder de policía’ y cobrar impuestos al barco Estrella de la Fortuna. Se trata de uno de los principales negocios de Cristóbal López, quien en 2007 se convirtió en accionista de Casino Club, hasta ese momento controlada por el grupo español Cirsa.

Ayer, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) envió a las autoridades del casino un primer requerimiento para que denuncie cuál es su base imponible. Su objetivo es recabar información para llegar a la suma que finalmente se le reclamará en concepto de pago de Ingresos Brutos y otros tributos que el casino flotante no abonó durante todos estos años. “Rentas ya está elaborando la liquidación pertinente”, confirmó ayer a los medios, Vidal. Y si bien aun no está calculado el monto total, anticipó que “la suma retroactiva sería importante”. Pero aconsejó “esperar a que la AGIP haga su trabajo”, para que luego el Poder Ejecutivo porteño difunda la cifra.

Hoy, la Ciudad recauda cerca de $ 200 millones al año por el juego, debido a que se reparte con la Nación las utilidades que se generan a favor del Estado. Desde 2009, la ley porteña obliga a casinos y salas de máquinas tragamonedas a tributar Ingresos Brutos con una alícuota del 8%, aunque antes era del 3%. Estos porcentajes se cobran sobre las utilidades líquidas. Es decir, de los aportes descartados los premios.

A partir de ahora, la AGIP también iniciará una especie de inteligencia fiscal para cuantificar la deuda de López. Por eso también enviará requisitos de información a la Inspección General de Justicia (IGJ), y a Lotería Nacional, entre otros organismos, en busca de información.

Hasta el martes, Cirsa había evitado abonar estos tributos gracias al amparo de 1999 que declaró que el control de la sala de juego era de competencia exclusiva de la Nación. La cautelar se mantuvo aun cuando en 2003 Ciudad y Nación acordaron finalizar el conflicto y regularon la participación de ambos en lo recaudado por los juegos de azar. De este modo, las razones de ‘certeza’ invocadas al inicio del proceso habían desaparecido. Y por eso la Corte hizo lugar a un recurso de queja planteado por el gobierno porteño y declaró ‘abstractas’ las medidas dictadas por la justicia en lo Civil y Comercial Federal.

Los jueces recomiendan además “examinar con criterio estricto las cautelares que impiden la percepción de restas públicas, en tanto estas resultan indispensables para el funcionamiento del Estado y el sostenimiento de los intereses de la comunidad”. De hecho, hasta ahora la AGIP no ha podido cobrar tributos sobre el negocio del Casino Flotante.

Fuente: El Cronista Comercial