IMPOSITIVA
ARBA ajusta plan para recaudar más sin subir impuestos
Además de aplicar la ley penal tributaria, la provincia acelerará causas en trámite por evasión y vigilará más a grandes firmas. Hubo 100.000 intimaciones por Ingresos Brutos.
Detrás del nombre pomposo que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) puso a su “cuerpo de elite”, se esconde la necesidad de recaudar más sin aumentar la ya elevada presión fiscal. Los agentes especiales pondrán ojos sobre los grandes contribuyentes, que pagaron $ 15.000 millones de Ingresos Brutos el año pasado, para fiscalizarlos al extremo, en una de las cuatro aristas del plan que el titular de ARBA, Martín Di Bella, presentó el martes al gobernador Daniel Scioli.
Además del cuerpo de elite, la administración bonaerense envió 100.000 cartas a presuntos contribuyentes para que se inscriban al impuesto a los Ingresos Brutos. Las notas seguirán llegando a los domicilios de toda la provincia.
Di Bella también prometió agilizar los juicios por evasión que duermen en las distintas fiscalías de estado. En ARBA afirmaron que unos 150 contribuyentes irán a remate en poco tiempo. En paralelo, la provincia quiere impulsar denuncias bajo la ley penal tributaria.
El cuerpo de elite seguirá de cerca los números de los grandes hipermercados, las cadenas de electrodomésticos, los shoppings, las automotrices, las petroleras y los bancos. Según fuentes oficiales, toda empresa con una facturación mayor a los $ 1.000 millones tendrá marcación personal.
En la provincia calculan que existen entre 1.000 y 1.200 empresas que facturan, en conjunto, $ 500.000 millones en terreno bonaerense. Si bien los recaudadores no tienen sospechas fundadas de que exista una fuerte evasión en ese terreno, el mayor contralor permitirá detectar posibles desvíos.
Los primeros pasos comenzarán el 13 de febrero, día en que vence la declaración jurada para los agentes de retención de impuestos. Todas estas empresas, al facturar más de $ 1.000 millones, son agentes de retención e información de la provincia. El listado es amplio: los supermercados Carrefour, Wall-Mart y Coto, las cadenas de electrodomésticos Garbarino, Fravega y Rodó, las automotrices Ford y Toyota, las petroleras YPF, Petrobras, Oil y Shell y los grandes centros comerciales de la provincia (como el Unicenter), son algunos de los grandes contribuyentes que recibirán una mayor fiscalización.
Después de los últimos aumentos impositivos, a mediados y finales de 2012, Scioli afirmó que no habrá nuevos incrementos porque la presión fiscal está en el tope. ARBA tiene que recaudar este año $ 61.000 millones, o casi 33% más que el año pasado. El desafío es económico y político: en un año electoral, el gobernador no puede quedar preso de los designios de la Casa Rosada y no puede darse el lujo de volver a desdoblar el aguinaldo. El presupuesto fue austero: buscó cubrir los gastos corrientes y redujo la cantidad de obras, contando con la billetera del Ministerio de Planificación y su contacto directo con los intendentes.
Envuelto en el debate de la coparticipación, el sciolismo apuesta a destrabar el congelado Fondo del Conurbano, clavado en $ 650 millones. La cifra es similar a los recursos que, calculan, necesitan para cubrir el pago de los salarios y el medio aguinaldo sin ayuda de la Nación. Y es, como informó El Cronista, el objetivo inmediato del plan antievasión que Di Bella le llevó al mandatario provincial.
Los cálculos, sin embargo, no contemplan la paritaria. Días atrás, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, estimó que un aumento del 20% a los trabajadores implicaría “un esfuerzo fiscal de $ 12.000 millones” que la provincia deberá sacar de algún lado y que agravarán su déficit estructural, presupuestado en $ 3.500 millones más vencimientos de deuda, que llevan las necesidades financieras a casi $ 14.000 millones.
Fuente: Cronista.com

