ARBA duplicó los montos de ingresos brutos que determinan la obligación de actuar como agente de retención

“Los parámetros no se actualizaban desde hace seis años y eso generó distorsiones que afectaron a pequeñas y medianas empresas de la Provincia, que al actuar como agentes de recaudación debían hacer frente a nuevas exigencias operativas que aumentaba sus costos”, dijo el titular de ARBA, Gastón Fossati, al fundamentar la decisión.

En un comunicado, ARBA destacó que de acuerdo con las pautas que regían desde 2010, el fisco provincial establecía que se encontraban obligadas a actuar como agentes de percepción y retención las empresas que hubieran obtenido durante el año calendario anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) superiores a 10 millones de pesos.

En el caso de los expendedores de combustibles líquidos, derivados del petróleo, el monto era de 12 millones de pesos; y para quienes realizaban operaciones de venta de cosas muebles el mínimo se fijaba en 5 millones de pesos.

A partir de ahora, con el incremento de los límites, en el primero de los casos ARBA estableció un monto de 20 millones, en tanto, para los expendedores de combustible lo subió a 30 millones y para la venta de cosas muebles fue situado en 10 millones de pesos.

Fossati sostuvo que “era indispensable elevar la base que se toma en cuenta para determinar qué contribuyentes deben ser agentes de percepción y retención”, e hizo hincapié en que “escuchamos la necesidad de las empresas y buscamos brindarles un alivio lógico, que ayudará a reducir sus costos operativos”.

Las empresas que actúan ante la Provincia como agentes de recaudación de impuestos tienen la obligación de retener o percibir dinero de los contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En los últimos años, la falta de actualización de los montos que determinan esa responsabilidad había generado que muchas pymes se incorporaran al sistema, ocasionándoles costos adicionales e inconvenientes por la falta de estructura administrativa para cumplir la exigencia fiscal.

Fuente: Télam