Antes del Brexit, Gran Bretaña limitaría el ingreso de extranjeros

El gobierno británico pedirá a las empresas que revelen el número de trabajadores extranjeros como medida de presión para que contraten británicos, evitando así que los inmigrantes tengan empleos que los locales pueden ocupar. Además, como anunció la ministro del Interior Amber Rudd, se restringiría la llegada de estudiantes extranjeros a las universidades con el doble objetivo de quedarse con “los más brillantes y mejores” y de paso reducir el número de inmigrantes que llegan al país a partir de marzo de 2017.

El pedido a las empresas apunta a la elaboración de informes gubernamentales destinados a la comprobación de que trabajadores extranjeros ”no quitan puestos de trabajo a los británicos” y que tan solo “cubren huecos en el mercado laboral”.

Para hacerlo, el Gobierno de Theresa May destinará 140 millones de libras para establecer medidas económicas y fiscales a favor de aquellas empresas que aumenten la contratación de empleados de nacionalidad británica.

Y si bien el número de estudiantes extranjeros bajó un 15% en 2016 (160.000 personas) comparado con el año anterior, Rudd considera que uno de los principales focos de inmigración son las universidades, por lo que propone limitar el número de estudiantes extranjeros para evitar así que una vez terminen sus estudios decidan quedarse en Reino Unido para buscar un empleo.

Sumando su aporte a esta ofensiva antimigratoria, el ministro de Sanidad británico, Jeremy Hunt, señaló entre sus objetivos lograr que en 10 años todos los médicos que ejerzan en el país sean británicos. Para ello aumentarán el número de plazas de medicina un 25%, una de las áreas en las que mayor número de inmigrantes trabaja.

La ministra de Interior justifica estas nuevas medidas de control de la inmigración señalando que el electorado británico envió un “claro mensaje” sobre esta inquietud en el referéndum sobre la permanencia en el bloque comunitario del pasado 23 de junio.

Además, anunció otras iniciativas de carácter más inmediato como el procesamiento de aquellos que alquilen una vivienda a inmigrantes ilegales y aumentar las exigencias para los extranjeros que quieran sacar el permiso para conducir taxis.

Las medidas anunciadas provocaron una fuerte reacción de universidades y empresarios, incluidas cámaras de comercio británicas. “En tiempos en que necesitamos fuertes vínculos globales para acceder a nuevas oportunidades tras el referéndum, es vital que ofrezcamos una imagen de apertura”, declaró al Financial Times Josh Hardie, de la patronal CBI. Las universidades recordaron que un alumnado internacional es esencial para la competitividad global de los centros y que los estudiantes no comunitarios son contribuidores netos a la economía británica: aportan 7.000 millones libras y su presencia genera cerca de 137.000 empleos en todo el país.

Rudd se defendió de las críticas afirmando que se trata de “propuestas que deben ser analizadas”, y negando las acusaciones de “racismo” lanzadas en su contra.

Fuente: Diario BAE