Aprueban en Paraguay una ley que permite privatizar sin ningún control

La policía paraguaya desató su furia anoche contra miles de manifestantes concentrados frente al edificio del Congreso para protestar por la sanción de una ley de asociación público-privada (60 votos contra 15) que le permite al presidente Horacio Cartes alquilar por hasta 40 años todos los bienes y servicios del Estado, sin control ni participación de los poderes Legislativo y Judicial. Los sindicatos de los trabajadores estatales, con el apoyo de las organizaciones campesinas, habían convocado a movilizarse en todo el país para protestar y tratar de impedir la entrega del patrimonio público.

José Pineda, secretario general del sindicato de la administración nacional de electricidad, dijo en medio de las granadas de gases lacrimógenos arrojados por la policía que la ley entregará los bienes patrimoniales del Estado al sector privado sin controles y sólo con la decisión del presidente de la República. "Miles de funcionarios sindicalizados nos movilizamos hoy, aquí y en todo el país, para reclamarles a los diputados que modifiquen al menos un artículo de la ley para que, finalmente, el Congreso analice, apruebe o rechace los procesos de privatización, pero esto, esta represión, es el concepto de democracia que tiene el empresario que nos gobierna", especificó.

El proyecto de ley preparado por Cartes y sus asesores, sin participación de los senadores y los diputados de su Partido Colorado, fue aprobado hace dos semanas por ambas ramas legislativas, pero faltaba que se pusieran de acuerdo en otorgarle los poderes absolutos al mandatario. Anoche, con aquella votación, quedó definitivamente saldado el asunto. Ahora sólo falta la promulgación del Poder Ejecutivo para que la polémica norma entre en vigencia.

Aun antes de la sanción definitiva de la ley, Cartes y sus ministros ya estaban ofreciendo en el exterior la posibilidad de explotar los servicios públicos o alquilar los bienes del Estado paraguayo. Durante la XXIII Cumbre Iberoamericana realizada entre el 18 y el 19 de octubre en Panamá, el presidente invitó a visitar el país a los empresarios interesados en aprovechar las reservas de agua del Acuífero Guaraní –un enorme reservorio que se extiende por los subsuelos de Brasil, Argentina y Uruguay– y otros recursos naturales. Como incentivo, y anticipándose a la decisión final del Congreso, Cartes mostró las ventajas que ofrece la ley aprobada recién ayer.

En la misma línea, el 22 de octubre fue el ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, el que invitó a las multinacionales del sector a "visitar al nuevo Paraguay para analizar las grandes posibilidades del negocio del agua". Lo hizo en Israel, ante las multinacionales reunidas en la Conferencia Internacional sobre la Tecnología del Agua, un foro al que convocó la Water Technology and Environment Control (WATEC).

Sólo dos días después, y cuatro días antes de la sanción definitiva por parte de los diputados, la página web de la binacional Itaipú reseñaba la visita del embajador de Francia, Oliver Poupard, quien "llegó junto a una delegación empresarial para analizar las posibilidades que ofrece el país". Entre esas empresas estaba Lyonnaise des Eaux, la multinacional que se encarga de la explotación del agua y los servicios de cloacas y desagües pluviales en varios países centroamericanos, y en 2006 fue expulsada de Argentina, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió que el Estado retomara el control de ese servicio esencial.

Militarización a voluntad

En agosto pasado, el Partido Colorado logró aprobar otra polémica normativa que envió el presidente Cartes sin haber consultado a los dirigentes partidarios: la ley de militarización. Mediante la excusa de que el Estado debe combatir los grupos armados como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el mandatario obtuvo una norma que le permite enviar a las fuerzas armadas "para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial".

El Ejecutivo podrá decidir el empleo de efectivos militares dentro del país, definiendo su accionar por decreto, por el tiempo que considere conveniente con la única condición de informar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores a la firma del documento. La única liberalidad que deja al Congreso es la de ordenar la cesación del operativo. Pero a esa altura, señalaron en el Frente Guasú, la agrupación que sostiene al ex presidente Fernando Lugo, "todo el daño que se pueda hacer ya estará hecho". Es más, lo ven como un paso necesario para poder privatizar sin trabas.

Fuente: Tiempo Argentino