Argentina apeló un fallo de Griesa que beneficia a fondos buitres

La decisión del magistrado obliga al país a abonarle a la firma especuladora NML cada vez que emita pagos dirigidos a los bonistas que sí entraron a los canjes de 2005 y 2010. En el gobierno esperan que la Corte revoque la sentencia.

El sinuoso camino judicial en la disputa que enfrenta a Argentina con los fondos buitres en la justicia estadounidense sumó por estos días un nuevo capítulo, en este caso a favor de los segundos. Como es habitual, la decisión corresponde al juez federal Thomas Griesa, del distrito Sur de Nueva York, quien aseguró que Argentina debe abonarle al fondo de inversión NML, de Elliot Management, cada vez que realiza pagos a otros acreedores por los intereses de la deuda correspondiente a los canjes de 2005 y 2010.

El gobierno apeló inmediatamente y –tal como sucedió en otras oportunidades– espera que la Corte de Apelaciones de marcha atrás con la medida, la que deberá expedirse en un plazo no mayor a los 60 días. Hasta entonces, el fallo de Griesa queda en suspenso. Más allá de que se trata de una cuestión sensible –de quedar firme cambia radicalmente las condiciones del canje de deuda–, desde el Ministerio de Economía califican como carente de argumentos legales la decisión del magistrado.

“El fallo tiene muy poca argumentación y, por ejemplo, no alterará el pago de los bonos que surgieron de la reestructuración 2005 y 2010, porque queda supeditado a que se pronuncie la Cámara de Apelaciones, a la que ya recurrimos”, aseguró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, para quien la decisión de Griesa deja entrever un fuerte lobby de los fondos buitres. “Sorprende el cambio de criterio del juez que en diciembre falló en forma diferente, con lo cual es evidente que cedió ante las presiones de los fondos buitres.”

Para el titular del Palacio de Hacienda, la decisión de Griesa equipara “a quienes decidieron asumir las pérdidas en pos de una solución con quienes buscaron otras vías sin considerar la teoría del esfuerzo compartido”. El pedido de los fondos buitre se apoya en la cláusula conocida como “pari passu”, por la cual pretenden recibir del Estado argentino el mismo trato que los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, a pesar de haberlos rechazado para persistir con el reclamo judicial. “Se perjudica a otros inversores que en algún momento fueron holdouts, pero que luego entraron al canje y tienen títulos que hoy se cobran”, explicó a Tiempo Argentino Adrián Cosentino, secretario de Finanzas.

Según el funcionario, la decisión de Griesa afecta recursos financieros que pertenecen a otros inversores y no al Estado Nacional. “Cuando el Estado paga un bono no lo hace directamente a los inversores, sino que utiliza un banco como agente de pago, quien luego lo distribuye entre los acreedores. Desde el momento que Argentina deposita esos fondos, ya le pertenecen a los inversores. La demanda atacaría a ese flujo cuando el banco le paga a los bonistas”, señaló el funcionario, quien calificó como “descabellada” la petición de los bonistas. “Como consecuencia de una estrategia muy cuidada que llevó a cabo el gobierno, hoy Argentina no tiene activos externos con riesgo de ser embargados, entonces los fondos buitre van por instancias poco lógicas, como es afectar recursos pertenecientes a otros inversores”, concluyó.

Fuente: Tiempo Argentino