Asambleístas de Gualeguaychú analizarán acciones el miércoles
Los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) analizarán el miércoles si emprenden nuevas acciones para reclamar al gobierno nacional respuestas ante sus inquietudes por la posible contaminación desde la planta de celulosa Botnia-UPM instalada en la margen uruguaya del río compartido por ambos países.
Los pobladores de esta ciudad del sur entrerriano dijeron que en la asamblea programada para esta semana analizarán la posibilidad de movilizarse hacia la Intedencia o bien a la sede de la Cancillería, en Buenos Aires.
Los asambleístas habían pedido días atrás un audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, en busca de respuestas ante reiterados episodios de malos olores detectados en la zona donde Uruguay permitió colocar las papeleras y los monitoreos ambientales correspondientes.
Sin embargo, fuentes del sector dijeron que hasta hoy no lograron ningún tipo de contestación.
En ese marco, confirmaron que en la asamblea del miércoles analizarán posibles medidas de acción directa, como protestas o movilizaciones para que el gobierno nacional retome acciones de control para evitar contaminación desde la planta de la empresa de capitales finlandeses.
El asambleísta Juan Veronessi lamentó la falta de respuesta de las autoridades al pueblo de Gualeguaychú y señaló que ?el gobierno argentino tomó una postura cómplice y dio punto final al conflicto con la República Oriental del Uruguay?.
Veronessi explicó a una radio local que los asambleístas acordaron esperar que finalicen las elecciones primarias para volver con los reclamos ambientales y su rechazo a las papeleras.
Los manifestantes entrerrianos analizarán en ese sentido la posibilidad de marchar hacia la Municipalidad de Gualeguaychú para pedir información al intendente Juan José Bahillo sobre las gestiones en Cancillería y el pedido de informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) ante las emanaciones de olores nauseabundos desde la planta de UPM Botnia.
Además, pondrán a consideración de la asamblea una posible movilización hacia la sede de Cancillería, en el barrio porteño de Retiro, para intentar un diálogo con funcionarios nacionales.
Los ambientalistas esperaban controles constantes y continuos de los gobiernos de los dos países que integran la CARU tal como lo había dispuesto en 2010 un fallo de la Corte Internacional que funciona en La Haya, Holanda, que entre otras cuestiones señaló que Uruguay violó tratados internacionales al instalar la planta en forma inconsulta sobre el agua compartida y ordenó el monitoreo conjunto de la actividad fabril para garantizar la salud de la población.
Fuente: La Prensa
