Buscan que funcionarios bonaerenses hagan público su patrimonio

La iniciativa obliga a presentar declaraciones juradas. Entre otros, alcanza al gobernador, al vice y a los ministros, así como a legisladores, magistrados y a algunos policías. También crea un Tribunal Social de Responsabilidad Política.

Después de la polémica que se abrió en enero pasado por los ahorros en dólares del gobernador Daniel Scioli, el kirchnerismo presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley para crear un régimen de Ética en la Función Pública, que obliga a ministros, legisladores, magistrados y policías provinciales a hacer público su patrimonio una vez al año.

La iniciativa, ingresada la semana pasada, lleva la firma de la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti de Kunkel, y del titular del GEN, Ricardo Vázquez. En lo concreto, instaura un régimen obligatorio de declaraciones juradas patrimoniales para los funcionarios públicos bonaerenses, similar al que rige en la Nación desde 1999, por la ley 25.188. De aprobarse, deberán cumplir con este requisito el gobernador, el vicegobernador, los senadores y diputados, los magistrados, el defensor del Pueblo, el jefe de Gabinete y sus ministros, los subsecretarios y directores, los miembros del Consejo de la Magistratura y los policías con jerarquía igual o superior a Oficial Principal, entre otros.

La presentación deberá cumplirse una vez al año. Según establece el artículo 6°, los funcionarios dispondrán de 30 días para hacerlo desde que asumen el cargo y tendrán otro plazo similar cuando dejen la función. En el formulario deberán consignar bienes muebles e inmuebles, ahorros en cualquier moneda, títulos y acciones, créditos y deudas, ingresos y egresos anuales y la última presentación ante AFIP y ARBA.

Además de la obligatoriedad de las DDJJ, el proyecto establece incompatibilidades con la función pública y prohíbe la recepción de regalos o donaciones por parte de los funcionarios en ocasión del desempeño de sus tareas. Cuando sean de cortesía, la reglamentación fijará cómo deben registrarse y en qué casos pasarán a formar parte del patrimonio de la Provincia.

El punto más novedoso de la propuesta es la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política, una figura que existe en la Constitución Provincial pero que nunca fue puesta en marcha. Como la Oficina Anticorrupción a nivel nacional, este organismo analizará "con independencia de criterio" las declaraciones juradas y podrá actuar de oficio o por denuncias particulares cuando se sospeche que algún funcionario cometió un acto de corrupción. La investigación sumaria que se lleve adelante podrá derivar en una denuncia penal.

El Tribunal estará integrado por nueve miembros: uno propuesto por el Ejecutivo, otro por el Poder Judicial y un tercero por el defensor del Pueblo. Los seis restantes serán elegidos por la Cámara de Diputados y el Senado: dos por la mayoría y uno por la minoría legislativa.

Actualmente, la legislación bonaerense no cuenta con una normativa que obligue a los funcionarios a hacer público su patrimonio ni que fije criterios éticos para quienes ocupan un cargo.

Sólo existe el decreto ley 9.624 de la dictadura, que establece que el gobernador y sus ministros deben presentar una declaración jurada cuando asumen ante la Escribanía General, aunque se trata de información de carácter reservado.

Para acceder a esa información se debe demostrar "interés legítimo", aunque es el propio escribano el que define si la solicitud tiene ese carácter o no. En enero último, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Scioli por tener ahorros en dólares y no revelar la cantidad. Lo hizo en una carta dirigida al actor Ricardo Darín, quien había criticado el "incremento patrimonial" de los Kirchner. Finalmente, el Gobernador reveló que poseía 201.175,52 dólares en una caja de ahorro en el banco BAPRO, pero no mostró su declaración jurada, amparándose en el viejo decreto ley.

En los últimos años hubo numerosas iniciativas presentadas por la oposición para actualizar la ley, pero nunca prosperaron. El año pasado, un proyecto de ley del senador del GEN Ricardo Vázquez fue tratado en comisión pero luego perdió estado parlamentario y nunca llegó al recinto.

El proyecto ingresado ahora por el kirchnerismo recoge buena parte de esa iniciativa y cuenta con el apoyo de otros bloques opositores. La intención oficial es conseguir un respaldo unánime.

Fuente: Tiempo Argentino