CGT consiguió aval para proyecto de ley que aplica gravamen a la renta financiera

La CGT consiguió el aval a un proyecto de ley para aplicar un gravamen a la transacción de bonos y acciones. Exceptuarán a los títulos como el Baade, el Cedin y las ON de YPF.

El equipo de economistas de la CGT que lidera Antonio Caló propone gravar la renta financiera para solucionar la suba del mínimo no imponible, transformando el Impuesto a las Ganancias en un gravamen más amplio a los altos ingresos, que cuenta con el apoyo oficial. En esa tónica, los profesionales que coordina el dirigente del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Horacio Ghilini, desde su proyecto original para una reforma tributaria, se basan en algunos ejes fundamentales, concordantes con el modelo instalado en el país desde 2003. De arranque consideran que no es posible una solución que se base en parches y, desde esta aspecto, apuntan a establecer que no se graven instrumentos que apoyen la producción nacional, como las obligaciones negociables de YPF y otros instrumentos como los Baade y el Cedin.

“Es prioritario evitar la desfinanciación del Estado”, recalcó Ghilini a BAE Negocios , en el marco de un aumento de la equidad y progresividad fiscal. “Esto es factible con la creación de una ‘tasa Tobin’ que ya está analizando cobrar en Europa, pero en formato nacional”, ponderó el dirigente de la central obrera.

Lo cierto es que la tasa Tobin aún no se aprobó en Europa. La demora obedece a que hace pocos días Francia cambió de postura sobre la implantación de la tasa y propuso a la Comisión Europea que el impuesto debe ser mejorado para que pueda ser puesto en marcha en toda la UE y no desalentar a los inversionistas. Los veintisiete países que conforman la Unión dieron ya su visto bueno para que once países de Europa avancen en la imposición de una tasa sobre las transacciones financieras aplicada a los bancos, de 0,1% sobre las acciones y de 0,01% sobre los derivados financieros.

En rigor, los tópicos que establece el proyecto de los diputados Héctor Recalde, Facundo Moyano y Omar Plaini (ver nota abajo) conforman la esencia de una reforma que necesariamente deberá pasar por el Congreso de la Nación, pero que la falange económica de la CGT considera que debe tener no sólo fundamentos técnicos, sino también “la virtuosidad multiplicadora de la inversión pública en la demanda agregada según el modelo keynesiano”.

Ghilini expresó que la alternativa para direccionar los instrumentos impositivos “es la tónica que considera la CGT para, desde la autonomía, reflejar en propuestas el respaldo al modelo que planteamos a diario a la hora de los debates del movimiento obrero”. El dirigente que también integra el denominado núcleo sindical y el MASA (brazo político de la CGT Caló) le dijo a este diario que “quienes intenten leer o interpretar nuestra propuesta como una demonización de la inversión privada están errados. Sí privilegiamos que tributen menos aquellos bonos que respaldan el desarrollo productivo nacional”.

La CGT busca así pasar del concepto de “impuesto al sueldo” al “impuesto a los altos ingresos”, como señaló en varias oportunidades la presidenta Cristina Fernández. Esa modificación, para los integrantes del equipo económico cegetista, sólo será viable con un cambio que disminuya el impacto que deriva del mínimo no imponible, al menos entre los sueldos netos que van desde $10.000 a $18.000 que paguen el impuesto.

A pesar de las críticas que Ganancias desata entre los economistas de la CGT, no niegan la progresividad fiscal del impuesto ni su capacidad redistributiva. Y confían que “están dadas las condiciones para que esta vez prospere una medida impositiva crucial”.

Inversores que ganen más de $100.000 anuales en la Bolsa pagarían ganancias

El Gobierno quiere que paguen Impuesto a las Ganancias por la renta financiera solo los inversores que perciban montos superiores a los $100.000 anuales. El kirchnerismo, con el visto bueno de la Rosada, intentará reunir los proyectos referidos al tema que se encontraban en debate, y espera aprobar en Diputados una de las reformas impositivas que más se reclamaba.

"Por encima de los $100.000 anuales de ingresos por renta financiera, se pagaría el impuesto a las Ganancias", afirmó ayer el diputado nacional del Frente Para la Victoria (FPV), Carlos Heller. Entre las actualizaciones que prepara el oficialismo, uno de los puntos que ya está incluido es el de empezar a gravar la renta anual con dividendos por acciones, títulos y demás activos financieros por encima del monto que comunicó el economista, que también es candidato para renovar su banca en la Ciudad de Buenos Aires. El impuesto para quienes sumen más de esa cantidad de ingresos podría llegar a ser del 7,7%, en base a un cálculo que realizaron en su momento el entonces abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, junto a los diputados Facundo Moyano y Omar Plaini.

El proyecto de los sindicalistas es uno de los que más aportes haría a la iniciativa final que el oficialismo llevará a la Cámara Baja, a través de la jefa del bloque del FPV, Juliana Di Tullio. El documento de Recalde, Moyano y Plaini, que fue presentado el 29 de junio del año pasado, prevé que en el caso de los resultados por compraventa de acciones, la alícuota se eleve indirectamente al 17,5 por ciento. Además, se gravarían los ingresos producidos por intereses generados por depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro y Fondos Comunes de Inversión.

El Gobierno espera que con esto se pueda elevar el Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias que afecta a los asalariados, en uno de los reclamos que mantienen las centrales obreras desde los últimos años.

Heller, que irá cuarto en la lista del FPV en las elecciones legislativas, indicó que "las rentas provenientes de ingresos financieros no pagan impuestos", aunque subrayó que "de lo que se trataría es de eliminar las exenciones, pero manteniendo un piso para los pequeños inversores, de manera que no se convierta en un gravamen al ahorro familiar". Además, el fundador del banco Credicoop aclaró que el proyecto que se analizará "no es el mismo que la reforma a la Ley de Entidades Financieras", la cual fue suspendida a principios del año pasado, tras aprobarse la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Fuente: BAE