CGT oficialista reclama $ 2.000 millones adicionales en subsidios para obras sociales

La CGT oficialista le puso números a su promesa de contención de la demanda salarial ante el Gobierno. Reclamó al menos $ 2.000 millones de pesos adicionales en subsidios para las obras sociales. Con base en ese planteo la central obrera que lidera Antonio Caló condicionó la posibilidad de acordar aumentos salariales para este año en valores -al menos nominales- cercanos al 25 por ciento.

La negociación quedó a cargo del jefe del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, y del taxista Omar Viviani. Ayer ambos dirigentes se reunieron con la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, para analizar por segunda vez en siete días los avances en esa gestión. El arranque de las negociaciones, la semana pasada, había sido fruto de la instrucción que la jefa de Estado le dio a Korenfeld en la quinta de Olivos durante una cumbre que mantuvo con Caló y la "mesa chica" de la central sindical. La superintendenta fue la única funcionaria en participar junto a la mandataria de aquella reunión.

El Gobierno quedó en estudiar la propuesta. Será Cristina de Kirchner la que tendrá la última palabra, y se prevé que no la dará a conocer hasta después del acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional, el sábado 1 de marzo. En el Ejecutivo creen decisivo orientar las paritarias de este año en valores nominales de aumentos del orden del 25%, más allá de que los gremios puedan obtener en la dinámica de negociación subas superiores de bolsillo mediante montos fijos no remunerativos.

El reclamo para las obras sociales está centrado en el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA, creado en 2012), que hasta agosto de 2013 repartió entre las prestadoras de salud de los gremios $ 2.000 millones y que entre esa fecha y el mismo mes de este año deberá distribuir 2.590 millones de pesos. Los negociadores de la CGT le reclamaron a Korenfeld la duplicación de ese monto.

El planteo tiene su explicación: con cada aumento salarial, el Gobierno recauda más fondos producto de los aportes de las obras sociales al fisco y no vuelca ese excedente en la misma medida en los programas de atención médica (los denominados de "alta complejidad") que les reconoce mediante reintegros y subsidios. Los sindicalistas exigieron la duplicación del SUMA en compensación por esa caída en los reembolsos, por la inflación acumulada en los últimos meses y, en particular, por el alza en los costos de los remedios y los tratamientos médicos derivada de la devaluación de enero pasado. Alegaron, en esa línea, que buena parte de los valores están dolarizados.

Cristina de Kirchner había ordenado un ajuste del SUMA en septiembre pasado junto con la creación de otros dos subsidios que llevaron a $ 6.500 millones el monto total a repartir entre las obras sociales sindicales hasta agosto próximo. Los nuevos instrumentos fueron el Sumarte, un subsidio destinado a compensar la falta de actualización de los valores pagados por la cobertura médica de los monotributistas sociales, y el SUMA 70, que reconoce la atención a afiliados mayores de 70 años.

El reclamo central de los gremios en los últimos años pasó por el incremento permanente del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre de los aportes de las obras sociales y que el Estado debería volcar en reembolsos y subsidios. El fondo acumula en la actualidad casi 17 mil millones de pesos y sigue en alza a pesar de los aumentos en los aportes a las prestadoras de los gremios. La lógica de los negociadores de la CGT de Caló es la siguiente: si el Gobierno se niega a devolver el FSR en su totalidad, al menos deberá volcar al sistema el excedente que acumula de la propia recaudación de la AFIP con cada suba salarial. De ese razonamiento surgió el reclamo por la duplicación del SUMA, con un monto orientativo de 2.000 millones de pesos adicionales a los que ya se destinan a las obras sociales.

Fuente: Ámbito.com