Cautelar contra el aumento de tarifas en Entre Ríos dispara demandas colectivas
Una medida cautelar que exceptúa de pagar el aumento de la tarifa de electricidad a una empresa productora porcina de Entre Ríos generó expectativas entre comerciantes de la ciudad de Paraná, quienes comenzaron a organizarse para presentar recursos de amparos similares.
“No podemos hacer frente al pago de estas tarifas abusivas”, explicó a Télam el presidente de la firma Bioder, Alejandro Di Palma, quien señaló que “venimos muy golpeados, con rentabilidad negativa, producto del aumento del maíz y la baja del precio en la carne de cerdo, a lo que se sumó este incremento de tarifas que en nuestro caso alcanzó a 170%, pasó de $ 16.000 a $ 43.000 el consumo mensual”.
En consecuencia, Bioder presentó un recurso de amparo al que la Justicia entrerriana hizo lugar y dispuso ordenar a la Cooperativa Eléctrica Quebracho Limitada, de la localidad de Viale, que no le interrumpa el suministro eléctrico a esa firma, mientras tramita un recurso de amparo que busca frenar el último aumento de la tarifa eléctrica.
El juez Marcelo Bardón, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial, reprochó dos aspectos de la medida: la “desproporción e irracionabilidad de los aumentos”; y el hecho de que las subas hayan sido autorizadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) sin haber convocado a audiencia pública, como establece la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico que rige en Entre Ríos.
Esta decisión motivó comerciantes de Paraná a organizarse para presentar amparos colectivos en la Justicia, para evitar el impacto de las subas de las tarifas.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Paraná, Antonio Bluotto, precisó que ya se presentaron amparos individuales contra la suba de la electricidad y del gas, pero que ahora se presentarán más recursos en forma colectiva.
La respuesta de la Cooperativa Eléctrica Quebracho fue apelar la medida judicial, y explicaron a esta agencia que no se van a pronunciar hasta que no haya un fallo en firme.
Por su parte, Di Palma indicó que la única manera que los usuarios tienen de llamar la atención de las autoridades gubernamentales es a través de la Justicia, pero consideró que “es una equivocación que el gobierno nacional y también el provincial dejen que esta cuestión se resuelva en términos jurídicos, cuando hay un montón de sectores que no pueden hacer frente a estos pagos”.
En el caso de la producción de cerdo, remarcó que desde que se devaluó el peso frente al dólar, en torno de 40%, y se quitaron las retenciones a las exportaciones de los granos, los criadores están “pagando el maiz más caro del mundo, a $ 3.872 (IVA incluido) la tonelada”.
Esto se suma a una baja que se produjo en el precio del cerdo en pié de $ 19 a $ 15,70 el kilogramo, en lo que va del año, como consecuencia del ingreso de carne procedente de Brasil y Dinamarca.
“Somos una empresa eficiente y perdemos plata. Que me expliquen dónde está la ineficiencia, ¿en nosotros o en el Gobierno?”, cuestionó Di Palma, quien precisó que realizó una inversión de u$s 3,5 millones para levantar la planta, que abrió hace apenas 12 semanas y cuenta con 19 empleados, pero que sin embargo comenzaron a trabajar con “rentabilidad negativa”.
Fuente: Télam
