Crearon una procuradoría adjunta que apuntará contra los delitos económicos

Carlos Gonella, fiscal general subrogante ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, quedará al frente de la nueva dependencia. Desarrollará su actividad en conjunto con la UIF y la Inspección General de Justicia.

La investigación de la criminalidad económica es la deuda que el Ministerio Público Fiscal se propuso saldar en 2013. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer la Procuradoría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que estará conformada por un equipo de fiscales y funcionarios especializados que investigarán delitos vinculados con lavado de dinero y financiación del terrorismo. El hasta ayer fiscal general subrogante ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella, quedará a cargo de la unidad.

Según estadísticas de la ONG estadounidense Global Financial Integrity, los países en desarrollo perdieron casi 6 billones de dólares en la última década por los delitos relacionados con el área económica. En Argentina en particular, el promedio anual fue de U$S 1670 millones, y expertos locales indican que la duración promedio de los procesos por grandes fraudes bancarios y financieros en el país es de 14 años, lo que lleva a que muchas de las causas terminen prescriptas y sólo un porcentaje ínfimo derive en un juicio.

En este contexto, Gils Carbó analizó que es fundamental superar el déficit que existe en la persecución penal de los delitos económicos y detalló que deber existir un trabajo de cooperación permanente entre su dependencia y otros organismos estatales como la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La nueva estructura institucional apunta a revertir los magros resultados que exhibe hoy el área mediante la generación de estrategias unificadas de investigación, asesorando a los fiscales y coordinando el seguimiento de los casos. Además, recibirá denuncias y realizará investigaciones preliminares respecto de hechos con fuerte impacto socioeconómico.

José Massoni, primer presidente de la Oficina Anticorrupción, participó de la presentación con Gils Carbó y sostuvo que "desde el Estado, se necesita convicción para generar un blindaje que soporte la presión de los poderosos que buscan ventajas". Además, proyectó que si se tiene éxito en en la transformación de la actividad fiscal, se van a lograr cambios en el código procesal.

Por su parte, el jurista Alberto Binder destacó que "enfrentar el control de la criminalidad es muy difícil si no se tiene la capacidad de frenar la expansión financiera de quienes encabezan los delitos". Además, señaló que "la decisión de crear la procuradoría adjunta muestra valentía y la intención de saldar la deuda pendiente con el sistema democrático y los ciudadanos, que se ven perjudicados por unos pocos".

Fuente: Tiempo Argentino