Detienen a tres empresarios cerealeros por evadir impuestos por más de 20 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que dos empresas cerealeras evadieron impuestos por más de 45 millones de pesos. Uno de los casos, se detectó en la provincia de Buenos Aires, donde además la Justicia detuvo a tres empresarios por la presunta maniobra de evasión agravada por más de 21 millones de pesos. Por su parte, en Chaco el organismo detectó, a través de un cruce de datos con el Banco Central, a una firma de granos que sin capacidad para comprar en el mercado cerealero, adquirió dólares y euros por más de 50 millones de pesos y evadió más de 24 millones de pesos.

Luego de la denuncia realizada por la Dirección Regional Mercedes de la AFIP por presunta evasión agravada, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Nicolás detuvo a Vicente Pérez Barcos, Graciela Musirengo y Alejandro Zabala.

Los acusados son considerados partícipes necesarios de la presunta evasión agravada llevada a cabo por la acopiadora de cereales “H.A. Coltrinari y Cia. S.A.C.T.A.”, que falsificó las declaraciones juradas de IVA y del Impuesto a las Ganancias desde el 2002 al 2005 y generó una evasión de $ 21.388.635

Los tres empresarios fueron detenidos y luego de tomarles declaración indagatoria en carácter de partícipes necesarios en la maniobra denunciada por la AFIP, el juez ordenó su encarcelamiento.

Asimismo el juzgado libró otras cinco órdenes de detención contra Eduardo Molinari, Claudina Garbari, Nélida Córdoba, Jorge Acosta y Arturo Otaño Moreno, todos imputados en la misma maniobra.

Además de la evasión agravada, la AFIP constató que en la compra y venta de los cereales se computaron créditos fiscales originados en documentación de operaciones sobre las que no pudo establecerse que hayan sido efectivamente realizadas y, que además, se hicieron con proveedores sin estructura o capacidad financiera.

Producto de los cruces de información entre la AFIP y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el organismo tributario pudo cercar a una empresa que, sin capacidad económica real para operar en el mercado cerealero, compró dólares y euros durante 2007 y 2008 por una cifra superior a los 50 millones de pesos. De acuerdo a los montos de divisas adquiridas y a su actividad comercial ilegal, la firma defraudó al Estado Nacional en más de 20.000.000 millones de pesos.

La empresa estaba inscripta como mayorista en la venta de cereales en la provincia del Chaco y -según pudo constatar la AFIP en su fiscalización- pese a que la compañía había concretado importantes ventas, las transacciones no se veían reflejadas en sus Declaraciones Juradas. Paralelamente, se descubrió que quienes efectuaban las compras de los cereales eran dos supuestos “apoderados” que realizaban operaciones en dos entidades bancarias y en una financiera de la ciudad de Rosario.

La investigación corroboró que la empresa “fantasma” no tenía capacidad para vender los cereales que habría comercializado. Según sus declaraciones juradas, en 2005, no tuvo movimientos; en 2006, declaró ventas en Ganancias por $17.973,67 y desde enero de 2008 no informó nada más al fisco e incluso dejó de pagar los impuestos.

Sin embargo, según el cruce de información con el BCRA, se detectó que la empresa realizó millonarias operaciones de compra de dólares y de euros. En 2007, efectuó operaciones por $ 25.978.793 y, en 2008, por $ 33.888.829.

De acuerdo a los montos de divisas adquiridas con estas maniobras, se habría evadido en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el período 2007 en $1.952.862 y en 2008 por $ 3.558.327. En tanto, en Ganancias se habría evadido en 2007 por $6.635.542 y en 2008 por $11.861.090.

Paralelamente, la AFIP profundizará la investigación respecto del crédito fiscal que se tomaron quienes declararon haberle comprado cereales, con un perjuicio al fisco de $1.688.885, sólo en el año 2007.

Todas estas irregularidades fueron denunciadas ante el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, donde tiene domicilio fiscal la firma involucrada. La Justicia ordenó la realización de cinco allanamientos en Chaco (capital e interior), un allanamiento y cinco ordenes de presentación de documentación que se realizaron en Rosario.