El Ejecutivo propuso a la fiscal Gils Carbó como procuradora

El Gobierno Nacional propuso como Procuradora General de la Nación a la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Alejandra Magdalena Gils Carbó, de 54 años, egresada de la UBA y con una Maestría en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

El secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, anunció en la Casa de Gobierno a la nueva candidata luego de informar la declinación de su postulación para el cargo del actual titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo.

La propuesta de Gils Carbó como Procuradora General de la Nación se hará oficial el lunes cuando sea publicada en el Boletín Oficial, precisó Scoccimarro.

Antes de ser fiscal General, Gils Carbó se desempeñó como prosecretaria letrada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y como secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 8.

Según consta en el curriculum vitae que distribuyó prensa de Presidencia, Gils Carbó ejerció la abogacía en forma privada de 1982 a 1987, es decir, en la primera etapa de su carrera profesional.

Es autora del libro "Régimen legal de las bases de datos y Habeas Data", publicado en 2001 y colaboró en los libros "Manual para fortalecimiento de Consejos Directivos de Organizaciones sin fines de lucro" y "Los Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte".

Como docente, la postulante a jefe de fiscales fue adjunta de la cátedra "Derecho Comercial I" de Helio Guerrero, en el período 1987-1989 y fue profesora en la Universidad de Belgrano en la cátedra "Papeles de Comercio y Ejecuciones Colectivas", entre 1991 y 1999, entre otros cargos académicos.

Con la nueva postulación de Gils Carbó, se comienza a implementar el procedimiento instaurado por el entonces presidente Néstor Kirchner en junio de 2003 para elegir a los nuevos integrantes del máximo tribunal.

Se trata del decreto 222/2003 que establece que, producida la vacante del Procurador, el Presidente tiene 30 días para elegir a su reemplazante y para publicar en el Boletín Oficial y en diarios nacionales durante tres días el nombre del sucesor y sus antecedentes. Así y durante 15 días las asociaciones civiles, académicas y de derechos humanos podrán presentar apoyos y objeciones a la persona elegida para el cargo, y luego el Poder Ejecutivo tiene otros 15 días para elevar al Senado al candidato.

En tanto, la Cámara Alta deberá realizar una audiencia pública con el postulante y en el pleno del recinto se necesitarán los dos tercios de los votos para aprobar la designación.

Durante el proceso de selección, el postulante deberá presentar una declaración jurada con sus bienes, los de su cónyuge y los de sus hijos, además de las asociaciones civiles y comerciales, los estudios de abogados que integró en los últimos ocho años y "cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio".

Fuente: Ambito.com