El Gobierno espera inversiones luego de que se cierre el acuerdo con el Club de París

El ministro de Economía, Axel Kicillof, viajará hoy a Francia por segunda vez en el año para intentar cerrar el miércoles el postergado acuerdo por la deuda en default con el Club de París. Según fuentes del Palacio de Hacienda, aún resta acercar posiciones entre el Gobierno y las 16 potencias acreedoras del país y socias del Club, que reclaman unos u$s9.500 millones entre capital e intereses caídos. El equipo económico espera que el entendimiento destrabe inversiones proyectadas pero hasta ahora demoradas por compañías como la alemana Siemens, la japonesa Toyota y varias petroleras europeas y estadounidenses.

“Ellos siguen duros y nosotros también, pero el diálogo viene bien perfilado”, dijo una fuente que participa de las tratativas. En la última de las conferencias telefónicas bilaterales, realizada la semana pasada, quedó pendiente terminar de definir el pago inicial que hará la Argentina y las condiciones que se fijarán para el pago de las cuotas restantes. En la propuesta inicial, presentada por Kicillof en su viaje de enero a la capital gala, el Gobierno ofreció un primer pago de entre 250 y 2.000 millones de dólares y un plan de cuotas ulteriores a lo largo de cinco años, a cubrir a partir de cumplido un año del primer desembolso.

El secretario de Finanzas, Pablo López –que acompañará a Kicillof a París– llevó adelante las negociaciones durante los últimos dos meses, desde que el Club decidió a mediados de marzo invitar formalmente a la Argentina a renegociar la deuda. Ese puntapié inicial, en realidad, sólo llegó cuando la mayoría de los países acreedores se convencieron de que el Gobierno estaba negociando “de buena fe” y con la intención de regularizar la situación para mejorar las condiciones de acceso local al crédito extranjero.

Una de las condiciones donde Kicillof no se mostró dispuesto a ceder hasta ahora es la que establece que los pagos de Argentina deberán tener como contrapartida desembolsos de similar monto por parte de empresas con sede en Europa, Estados Unidos y Japón, o créditos de bancos radicados en los países acreedores. El objetivo es que el flujo neto de divisas sea neutro. En otros términos, que los pagos no afecten las reservas del Banco Central, reducidas a un umbral crítico después de la corrida del verano contra el peso y de la fuga de capitales de los últimos dos años y medio.

“Lo que vamos a seguir evaluando hasta el último minuto es si el acuerdo conviene o no. La meta no es hacer ‘buena letra’ con los mercados para salir después a emitir nueva deuda sino traer las inversiones que están frenadas por esto”, dijo la fuente consultada. El freno a los desembolsos se debe a que las agencias de préstamos subsidiados de los países ricos –como Eximbank, Hermes y Coface– no financian inversiones en países en default. Por la deuda con el Club, impaga desde 2001, Argentina se encuentra entre esos morosos con el crédito prohibido.

Las empresas que manifestaron al Gobierno sus intenciones de invertir en el país en caso de que se cierre el acuerdo son Siemens, Toyota y varias petroleras estadounidenses y europeas, siempre según las fuentes oficiales argentinas. La japonesa es la única de las terminales automotrices instaladas en el país que aún no suspendió personal ni recortó su ritmo de producción por la caída de las ventas de este año.

En el país lleva adelante un plan de inversiones por u$s800 millones pero hasta ahora desembolsó $1.500 millones y la mitad con un crédito del Banco Nación. El cierre de la negociación acelerará la inversión.

La deuda con el Club de París tiene origen mayoritariamente en créditos que pidió la última dictadura a firmas europeas para armamento (que en algunos casos ni siquiera se envió) y obras de infraestructura (que, como un gasoducto faraónico, tampoco se llevaron a cabo), pero también figuran allí créditos que extendió Madrid en plena crisis de la convertibilidad. El Gobierno anunció que la pagaría en efectivo y con reservas en pleno estallido de la crisis financiera internacional de 2008, pero luego esas mismas circunstancias lo obligaron a dar marcha atrás. Si bien Kicillof nunca fue partidario de apurar el repago, la escasez de dólares de los últimos dos años también lo forzó a revisar esa posición.

Fuente: BAE