El Gobierno negocia con prepagas suba de cuotas si renuncian a copagos

El Gobierno negociaba anoche evitar la aplicación de copagos a los afiliados de las empresas de medicina privada a cambio de analizar un aumento en las cuotas antes de fin de año. Una gestión en el Ministerio de Economía apuntaba a que las clínicas, sanatorios y laboratorios que trabajan para las prepagas desistieran de cobrar desde el lunes adicionales de entre 50 y 100 pesos. Los funcionarios prometieron estudiar la concesión de una cuarta suba de aranceles en el año, atada a la presentación de una detallada estructura de costos que lo avalara.

La negociación se concretó en una convocatoria hecha por el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. En su oficina de Economía recibió anoche a directivos de las prepagas junto a la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, la funcionaria encargada de monitorear las empresas privadas y las obras sociales sindicales. Los prestadores, que amagaron con cobrar los copagos desde el lunes, no fueron convocados.

La demanda, sin embargo, es la misma tanto de clínicas y centros sin internación como de las prepagas: alegan que para compensar la suba de sus costos, en particular el acuerdo salarial sellado en julio pasado, necesitarían por lo menos un ajuste del 9% en las cuotas antes de fin de año.

Hasta ahora el Gobierno concedió tres subas en el año: un 5,5% luego de la devaluación de enero último, como compensación por el alza de costos asociados a importaciones; un 9% en junio, para equiparar por adelantado la aplicación de la primera cuota de la suba salarial acordada con el gremio de Sanidad (31% en tres cuotas acumulativas entre sí); y una tercera del 7,5 por ciento que se aplicará sobre las cuotas de octubre.

Los prestadores nucleados en asociaciones como Adecra, Ademp, Acami, Cempra, Cimara, FEM, Femeca y Faosdir alegaron haber resuelto el cobro de copagos sin intervención de las prepagas. Pero desde esas empresas dieron su aval pleno a los centros con y sin internación para aplicarlos, y aclararon que devolverán los valores pagados a sus clientes. La modalidad de presión coordinada entre ambos segmentos de las empresas de salud se convirtió en un clásico de los últimos años, sobre todo cuando el Gobierno resolvió tres años poner un tope a las cuotas de las prepagas y aplicarles los mismos controles estatales que a las obras sociales.

De no prosperar la negociación, los prestadores amenazaron con cobrar desde el lunes 50 pesos adicionales por recetas y tratamientos de baja complejidad, y 100 pesos para los de alta complejidad. Las prepagas tienen 1,5 millón de afiliados directos y unos 4 millones de corporativos, asociados mediante sus empleadores o a través de sus obras sociales.

Fuente: ámbito.com