El gobierno confirmó que avanzará con proyectos de protección a consumidores

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que el gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para aumentar la capacidad reguladora del Estado en la protección de los derechos de usuarios y consumidores ante aumentos arbitrarios y abusos de posición dominante de empresas. Lo hizo en el cierre del Congreso Federal de Reformas Legislativas que se llevó adelante en la ciudad de Mar del Plata, ante la presencia de importantes referentes de todos los sectores del Poder Judicial. Allí confirmó que este año también serán enviados al Congreso tres proyectos con el objetivo de crear un Código Procesal Contencioso Administrativo Federal, elaborar una nueva Ley Orgánica para el Servicio Penitenciario Federal, y modificar el Código Procesal Penal, ejes de la convocatoria organizada por el Ministerio de Justicia.

Su intervención no estaba planificada como cierre formal del congreso que durante tres días discutió, con una marcada pluralidad de expresiones, la necesidad de imprimir cambios legislativos en la codificación que aplica la Justicia. Pero su presencia, confirmada horas antes de la clausura de las exposiciones, le dio densidad política y el apoyo concreto del Ejecutivo a las iniciativas, previo a la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso el próximo 1 de marzo, donde se especulaba que se harían los anuncios. Capitanich celebró la discusión llevada adelante en los distintos paneles, e hizo un resumen de las modificaciones que el gobierno dispuso en materia judicial desde el 2003 en adelante para culminar con las metas planteadas para los últimos dos años de mandato.

En ese marco, y con señalamientos hacia la responsabilidad del Poder Judicial en la administración de justicia, aseguró que es necesario que "la democracia política se transforme en democracia económica para lograr la equidad y la justicia distributiva". La "concentración económica", analizó el ministro, exige un "Estado con capacidad regulatoria para regular adecuadamente la posición monopólica, la oligopólica o la defensa de la competencia". Y remató: "Esto exige que nos pongamos del consumidor y del usuario." Así, deslizó que el gobierno planea establecer "criterios reguladores adecuados" para atacar la problemática de "empresarios inescrupulosos que aumentan los precios afectando los ingresos". "El 1% de la población mundial concentra el 43% la riqueza y el 50% acumula tan sólo el 2%", puntualizó el ministro antes de afirmar que "esa inequidad distributiva tiene correlato en la concentración económica". La posibilidad de que el gobierno estuviera trabajando en un proyecto vinculado a la defensa de la competencia y a la protección de los usuarios y consumidores se barajaba como uno de los anuncios que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haría el próximo sábado.

Con el salón repleto del Hotel Provincial, y sentado en la mesa de cierre entre el ministro de Justicia, Julio Alak; y el secretario de Justicia y Consejero de la Magistratura, Julián Álvarez, Capitanich aprovechó para establecer un compromiso con el Poder Judicial: se cubrirá "el 100 % de las vacantes" en los juzgados en los próximos años. El jefe de Ministros subrayó que el gobierno nacional tiene entre sus objetivos "impulsar y propiciar un funcionamiento adecuado del Consejo de la Magistratura que ha demostrado de modo elocuente (durante la elección de autoridades de la semana pasada que arrojó un resultado inesperado meses atrás) un consenso, para garantizar su funcionamiento" y así poder cubrir las vacantes y cumplir "la meta de adecuar el funcionamiento del Poder Judicial". "La justicia debe garantizar el pleno derecho por parte de los ciudadanos. Debe ser expresado en la praxis y eso equivale a lograr los mecanismos de acceso y la plena garantía de la libertad de expresión", reclamó.

Capitanich aseguró que, tras la apertura del año parlamentario, el gobierno espera que "en la agenda legislativa del mes de marzo" se trate la media sanción pendiente para el Digesto Jurídico que, tras un exhaustivo trabajo de relevamiento, redujo el plexo normativo vigente en la Argentina de 13 mil leyes a una cifra en torno a las 3200 normas. "Será convertido en ley", sostuvo. Para el primer trimestre del año también adelantó que se tratará la ley de Responsabilidad del Estado en conjunto con la media sanción faltante del unificado Código Civil y Comercial, y proyectó que, durante 2014, será girado el proyecto del nuevo Código Penal para su aprobación en ambas Cámaras.

En el mismo sentido, anticipó el apoyo del Ejecutivo para impulsar la creación de una norma federal para el proceso Contencioso Administrativo, con la que ya cuentan la mayoría de las provincias, pero que es adeudada a nivel federal para tratar casos vinculados con decisiones de la administración pública central. Lo mismo para una nueva ley que organice al Servicio Penitenciario Federal, cuyo régimen fue diseñado durante la dictadura militar. También se incluirá una modernización del Código Procesal Penal para la justicia nacional y federal. "Vamos hacia una justicia abierta, plural, democrática y equitativa", afirmó Capitanich.

Tal como adelantó Tiempo Argentino el viernes pasado, el encuentro de Mar del Plata fue la antesala de la elaboración de los proyectos de ley –que ya cuentan con trabajos preliminares– que constituirán la tercera etapa de reformas judiciales que comenzaron en 2012, con normas de derecho de fondo, continuaron el año pasado con el paquete de seis leyes de democratización de la justicia cuyo objetivo eran cambios estructurales en el Poder Judicial, y culminarán este año con la adecuación de los procedimientos.

Alak resaltó la "diversidad y el consenso" que atravesó el encuentro en las tres jornadas, y que incluyó referentes de todos los ámbitos, estamentos, sectores e ideologías dentro del Poder Judicial, además de expositores de Francia y España, entre otros países.

Fuente: Tiempo Argentino