El gobierno realizará un censo nacional sobre riesgos de delitos financieros
Luego de salir de la lista de países observados por mal desempeño en el control de los delitos económicos, la Argentina encaró en los últimos días la segunda parte del procedimiento en la materia instrumentado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En el marco de las "40 nuevas recomendaciones" que el organismo global impone a las naciones miembro, se encuentra la realización de un Análisis Nacional de Riesgos sobre lavado y financiamiento del terrorismo.
Se trata de una especie de censo de puntos vulnerables que permitan la comisión de delitos de cuello blanco en todo el país. Pero la novedad en este tema es más de tinte político que económico, dado que Argentina encarará este monitoreo con medios técnicos y humanos propios, a pesar de que puertas adentro del GAFI se recomienda, en charlas informales, que esos trabajos se encarguen al Fondo Monetario Internacional (FMI) o al Banco Mundial (BM), ambos miembros del GAFI.
Esta decisión del gobierno tiene ventajas y desventajas, según adelantaron a Tiempo fuentes oficiales que estuvieron hace poco menos de un mes en París, en la reunión en la que Argentina salió de la "lista gris": la ventaja, el país mantiene alejados a ambos organismos internacionales del control de temas económicos, aunque ya el FMI había monitoreado el nuevo Índice de Precios al Consumidor Urbano.
La desventaja, al prescindir del FMI se arriesga a que los resultados del monitoreo interno sean cuestioa nados en el futuro. No obstante, para los técnicos argentinos, hacer el censo con medios propios es la opción más conveniente.
En los detalles técnicos del censo del lavado, incluidos en la Resolución 473 de la Unidad de Información Financiera (UIF) –publicada esta semana en el Boletín Oficial–, se establece que "los países deben identificar evaluar y entender los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que enfrentan"; y deben "llevar a cabo medidas, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar esos riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que los mismos se mitiguen eficazmente”. Además, especifica que "sobre la base de la evaluación mencionada en el párrafo anterior, los países deben aplicar un ’Enfoque Basado en Riesgo’ a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados".
¿Cómo se harán los monitoreos? Los equipos de la UIF, que dirige José Sbatella, tendrán un contacto constante con los sujetos obligados a informar, que aportarán los datos para elaborar una pintura de los puntos de riesgo. Allí se incluyen desde bancos y escribanías hasta joyerías, concesionarias de autos, entidades financieras, sociedades de Bolsa, Registro de Comercio Inspección General de Justicia, Registro de Automotores, Empresas de Seguros, etcétera.
Este diario tuvo acceso a los puntos centrales que abordará el monitoreo de riesgos. Por un lado, se apuntará cuestioa los U$S 50 mil millones en stock de moneda extranjera que no están bancarizados y que operan fuera del circuito oficial. Ese monto, según los organismos de control consultados por este diario, no se ha modificado desde el año 1995, cuando Washington realizó el cambio de billetes en papel por modelos nuevos. De hecho, el dato de tanto dinero por fuera de los canales oficiales llamó incluso la atención de técnicos de la Reserva Federal.
El segundo frente de ataque será detectar, por regiones, el riesgo de delitos vinculados alnarcotráfico y sus derivaciones: lavado de dinero, venta ilegal de divisas y nexos con la trata de personas.
En tercer lugar, la meta será mapear el riesgo de financiación del terrorismo vinculado a la mano de obra desocupada que opera dentro de las fuerzas de seguridad. Mucha de ella está allí desde los años de plomo del país. De hecho, la UIF ha denunciado ante la justicia la existencia de "Odessas" que financian a ex militares prófugos.
El último punto sea, quizás, el más complejo de "censar". Se trata del conocimiento del verdadero dueño de un activo. Detrás de este pedido está la intención de cortar con los vínculos con países cuya actividad central es la de ser paraísos fiscales. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hay 38 naciones e islas en esta condición, que preservan la identidad de tenedores de dinero negro de todas las nacionalidades (ver nota aparte). Esos dólares en paraísos fiscales también son de argentinos. El último informe de la Tax Justice Network, datado en 2012, reflejó en su momento existencias de U$S 400 mil millones.
Fuente: Tiempo Argentino
