El oficialismo analiza limitar la jurisdicción internacional ante conflictos con empresas extranjeras
El Frente para la Victoria (FPV) analizaba introducir modificaciones al proyecto original del nuevo Código Civil y Comercial que impliquen limitar la jurisdicción internacional para conflictos con empresas extranjeras.
En el capítulo dedicado a los contratos de arbitrajes, se apunta así a limitar la prórroga de jurisdicción, es decir que el Estado argentino podría hacer valer su legislación ante el conflicto con empresas privadas.
De esta manera se recortaría el accionar del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Muncial, y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) para casos futuros.
Así, la iniciativa enviada por el Ejecutivo señala que "hay contrato cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual".
Según publicó el matutino Página 12, el cambio que analizan los legisladores del oficialismo señala que "los estados nacional, provinciales y municipales no pueden ser sujetos de arbitraje".
Además, se sumaría otra modificación, en el capítulo "Disposiciones de derecho privado".
En este caso, se especificaría que "el lugar donde se ejecuta el contrato es el que fija la jurisdicción aplicable".
Estas disposiciones serían de orden público, es decir que "no podría haber contrataciones en contrario".
De avanzar con estas modificaciones, sería aplicable a contratos futuros, por lo que las prórrogas de jurisdicción producto de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) continuarían vigentes.
La Argentina suscribió 56 TBI entre 1990 y 2002, que preservan la posibilidad de recurrir a instancias internacionales cuando compañías extranjeras tienen conflictos en la Argentina.
Además de la unificación de los códigos Civil y Comercial, el Ejecutivo enviaría dos proyectos más, con el objetivo de otorgarles mayor especificidad a cuestiones incluidas en el anteproyecto del Código Civil: uno vinculado al Código Contencioso Administrativo para regular la responsabilidad del Estado por actividad lícita.
Fuente: NA
